El delegado político del PRM ante la JCE, Sigmund Freund, rechazó la medida que prohíbe la realización de encuestas a boca de urna, argumentando que va en contra de la Ley 20-23 del régimen electoral. Según la ley, las encuestadoras certificadas pueden realizar encuestas a boca de urna siempre que cumplan con los requisitos y no divulguen los resultados hasta tres horas después del cierre de las votaciones. También deben garantizar que no se viole el secreto del voto. El PRM exige que esta medida sea revocada.
La JCE emitió un comunicado el sábado aclarando que está prohibida la realización de encuestas a boca de urna, sondeos y mediciones sobre los resultados de las elecciones presidenciales y congresuales del domingo 19 de mayo. Esta medida está contenida en la resolución No. 40-2024, que establece el protocolo para la emisión y divulgación de boletines electorales en las elecciones generales. La advertencia del presidente de la JCE, Román Andrés Jáquez Liranzo, y los miembros titulares está dirigida a partidos políticos, encuestadoras y la sociedad en general.
Freund argumenta que la prohibición de las encuestas a boca de urna es ilegal según el artículo 216 de la Ley 20-23, que permite expresamente su realización bajo ciertas condiciones. El PRM considera que la JCE no tiene la facultad de prohibir estas encuestas mediante una resolución. El rechazo a esta medida se ha manifestado de manera pública a través de las redes sociales y se espera que la institución reconsidere su posición.
La ley establece que las encuestas a boca de urna deben ser realizadas por encuestadoras certificadas, cuyos resultados no pueden ser divulgados hasta tres horas después del cierre de las votaciones. Además, deben garantizar que se respete el derecho al secreto del voto. Esta medida busca prevenir posibles influencias en el electorado y garantizar la transparencia del proceso electoral. El debate sobre la prohibición de estas encuestas continúa entre las autoridades y los actores políticos.
La JCE ha comunicado su decisión de prohibir las encuestas a boca de urna, sondeos y mediciones sobre los resultados electorales en las elecciones presidenciales y congresuales. Esta medida forma parte del protocolo establecido para la emisión y divulgación de boletines electorales en las elecciones generales de 2024. Los partidos políticos, encuestadoras y la sociedad en general deberán acatar esta disposición durante el proceso electoral para garantizar su transparencia y legitimidad.
El debate sobre la prohibición de las encuestas a boca de urna en las elecciones presidenciales y congresuales continúa generando controversia entre los actores políticos y las autoridades electorales. Mientras que la JCE defiende esta medida como parte de un protocolo para garantizar la transparencia del proceso electoral, el PRM y otros actores consideran que va en contra de la ley electoral y limita la libertad de expresión y el derecho a la información de los ciudadanos. Se espera que este tema siga siendo discutido en los próximos días, en medio de la campaña electoral y la preparación para las elecciones del 19 de mayo.
