El ex director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, y el empresario Jochi Gómez fueron enviados a prisión preventiva por un período de 18 meses por su presunta participación en el caso Camaleón. La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) los acusa de delitos de alta tecnología, lavado de activos, falsificación de documentos y estafa contra el Estado a través de contrataciones públicas realizadas por el Intrant, que beneficiaron a empresas como Transcore Latam. Además, se dictó la misma medida contra Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del INTRANT.
La jueza del Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional, Fátima Veloz, fue la encargada de dictar la medida de prisión preventiva contra los implicados en el caso Camaleón. Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de tecnología de Intrant, recibió arresto domiciliario, mientras que a Pedro Vinicio Padovani, Juan Francisco Carbuccia y Carlos José Peguero Vargas se les impuso la presentación periódica e impedimentos de salida. La operación Camaleón, que inició la semana pasada, incluyó allanamientos en diferentes lugares como la Distrito Nacional, Santo Domingo Este, San Cristóbal, Punta Cana y La Altagracia, donde se encontraron centenares de evidencias que serán utilizadas en el proceso según el reporte de la PEPCA.
El Ministerio Público denominó la operación Camaleón como una supuesta red de corrupción relacionada con una licitación para la modernización del sistema de semáforos del Gran Santo Domingo, la cual otorgó más de 1,317 millones de pesos a la empresa Transcore Latam, propiedad de Jochi Gómez. Esta empresa habría sido favorecida de manera ilegal a través de contratos fraudulentos con el Intrant, lo que desencadenó la investigación y posteriormente la detención de los implicados en este caso de corrupción. La PEPCA recopiló pruebas contundentes que respaldan las acusaciones de los delitos cometidos por Hugo Beras, Jochi Gómez y otros funcionarios del Intrant involucrados en esta trama.
La corrupción en el sector público ha sido un problema persistente en la República Dominicana, afectando la credibilidad de las instituciones y generando desconfianza en la población. Casos como el de Camaleón ponen en evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y transparencia en las contrataciones públicas y en la gestión de los recursos del Estado. La justicia dominicana está trabajando para investigar y judicializar los casos de corrupción, enviando un mensaje claro de que no habrá impunidad para aquellos que violen la ley y abusen de sus cargos públicos para enriquecerse ilícitamente.
La prisión preventiva de Hugo Beras y Jochi Gómez, junto con otros implicados en el caso Camaleón, es una señal de que las autoridades dominicanas están decididas a combatir la corrupción en todas sus formas y a llevar ante la justicia a aquellos que se enriquecen a costa del erario público. La colaboración entre la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa y otras instituciones del país es crucial para desmantelar las redes de corrupción y garantizar que los responsables rindan cuentas por sus actos. La sociedad dominicana espera que casos como este sentencien un precedente y contribuyan a una cultura de integridad y transparencia en la gestión de los asuntos públicos.
