El sector de la construcción e inmobiliario en la República Dominicana ha sido resiliente a pesar de los impactos que ha enfrentado. Sin embargo, recientemente se ha generado preocupación entre los inversionistas debido a una red de estafa inmobiliaria que afectó a más de 300 personas y ascendió a unos 700 millones de pesos. La presidenta de la Asociación de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi), Annerys Meléndez, mencionó que, aunque estos casos representan una pequeña parte del sector, han generado una percepción negativa en la población.
La operación Nido, que desmanteló esta red de estafadores, ha impactado la imagen del sector y del país en general. A pesar de que esta acción representa un caso aislado, ha generado preocupación tanto a nivel nacional como internacional. La seguridad jurídica en las inversiones inmobiliarias en el país ha sido cuestionada, pero desde Acoprovi se busca transmitir información para mostrar que estos casos son excepcionales y no reflejan la realidad del sector en su totalidad.
Durante el primer trimestre de este año, el Poder Judicial recibió más de 25,000 solicitudes relacionadas con casos inmobiliarios, lo que representa el 8.5% de todas las solicitudes recibidas en ese periodo. Sin embargo, la realidad es que la cantidad de viviendas y la comercialización han aumentado, lo que no necesariamente implica un incremento en las estafas. Existe una mayor cantidad de viviendas en oferta, pero la mayoría de las transacciones son legítimas y seguras.
Para fortalecer la confianza en el sector, se está formando una coalición con diversas asociaciones para establecer un esquema de mejores prácticas y brindar orientación a la población sobre cómo verificar la legalidad de un inmueble. Se han elaborado recomendaciones, como verificar la reputación de la empresa, la solidez de la inversión del proyecto y la participación de entidades financieras reguladas. Se busca informar a los posibles compradores para que tomen decisiones seguras.
La estafa millonaria que afectó a más de 300 personas fue desarticulada a principios de 2024, y se realizaron detenciones a nivel nacional. La investigación estableció que se creó un esquema inmobiliario fraudulento para ejecutar estafas, falsificación de documentos, asociación de malhechores y lavado de activos. Los involucrados han sido acusados y están cumpliendo medidas de coerción mientras continúa la investigación. Esta situación ha generado preocupación en los inversionistas y en la población en general.
A pesar de estos casos aislados, el sector de la construcción e inmobiliario en la República Dominicana sigue siendo sólido y en crecimiento. Se busca fortalecer la confianza de los inversionistas y compradores a través de la transparencia y la información. La creación de una coalición para establecer mejores prácticas y recomendaciones para la adquisición segura de viviendas es un paso en la dirección correcta para garantizar la seguridad jurídica en las inversiones inmobiliarias en el país.
