El periodista Miguel Franjul, director de Listín Diario y vicepresidente regional para la República Dominicana de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, expresó preocupaciones sobre la Ley 1-24, que establece y regula la Dirección Nacional de Inteligencia. Franjul advirtió que esta ley plantea nuevos riesgos para la libertad de prensa y expresión. Sus aprehensiones fueron compartidas por la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD), organizaciones sociales, expertos legales y la Iglesia Católica, que temen que ciertas disposiciones en la legislación puedan allanar el camino para restricciones a los derechos fundamentales.
De particular controversia es el Artículo 11, que otorga a la Dirección Nacional de Inteligencia la autoridad para obligar a instituciones privadas o individuos a proporcionar la información solicitada. Los críticos interpretan esto como coercitivo y lo ven como una posible infracción a la libertad de prensa.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó preocupaciones de que la ley podría poner en peligro la confidencialidad de las fuentes y el derecho a la privacidad.
Ante las críticas, el presidente Luis Abinader instruyó a una comisión intersectorial, incluida la SDD, para revisar la ley y proponer salvaguardias. A pesar de tres meses de trabajo, aún no se ha llegado a un consenso entre el gobierno, la SDD y otras organizaciones preocupadas debido a ambigüedades y presuntas violaciones de normas constitucionales en la ley. Siete demandas de inconstitucionalidad han sido presentadas ante el Tribunal Constitucional, y cinco proyectos de ley para enmendar la ley han sido presentados en el Congreso por diversas organizaciones.
Mientras tanto, junto con recomendaciones para enmendar la Ley 1-24, la comisión asesora intersectorial establecida por el presidente Abinader también ha propuesto reformas a la Ley 6132 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento. El presidente Abinader se ha reunido con las partes interesadas para discutir ciertos aspectos del proyecto, especialmente rechazando la necesidad de aumentar las sanciones por difamación y calumnia, incluso aquellas cometidas a través de plataformas digitales.
Se espera que el proyecto de ley revisado sea presentado al Congreso en su debido momento.
