La Alianza Latinoamericana de Asociaciones de la Industria de Alimentos y Bebidas (ALAIAB) ha manifestado su preocupación por la posible implementación de nuevos impuestos a las bebidas azucaradas en base al nivel de azúcar añadido, como lo contempla la reforma fiscal. El presidente de ALAIAB, Camilo Montes, ha advertido que esto afectaría de manera desproporcionada a la industria y tendría un impacto negativo en las comunidades más vulnerables, dificultando el crecimiento económico regional.
Montes señaló que los impuestos regresivos como los propuestos tienen consecuencias adversas significativas para las familias, especialmente aquellas en situación de vulnerabilidad, ya que incrementarían significativamente sus gastos diarios. Además, mencionó las experiencias de países como México y Chile, donde impuestos selectivos similares resultaron en aumentos en los precios sin lograr un impacto significativo en los hábitos de consumo ni en los objetivos de salud pública.
En lugar de simplemente implementar impuestos a las bebidas azucaradas, Montes hizo hincapié en la importancia de una política integral que incluya educación nutricional y promueva estilos de vida saludables sin estigmatizar ningún alimento o bebida. Afirmó que una política fiscal eficaz debería comenzar con educación alimentaria nutricional integral, fomentando una alimentación saludable de forma positiva.
La llamada de la ALAIAB al Congreso y a las autoridades es para revisar estas medidas y abrir un diálogo constructivo con todos los sectores afectados, con el objetivo de encontrar soluciones que promuevan la salud pública sin perjudicar la economía familiar ni los empleos del sector. La alianza reitera su compromiso con el bienestar de los consumidores y el desarrollo sostenible de la región, abogando por políticas públicas basadas en evidencia científica y práctica.
En resumen, la ALAIAB se opone a la implementación de nuevos impuestos a las bebidas azucaradas basados en el nivel de azúcar añadido, argumentando que estos gravámenes afectarían desproporcionadamente a la industria y a las comunidades más vulnerables. En su lugar, la alianza aboga por una política integral que incluya educación nutricional y promueva estilos de vida saludables sin estigmatizar ningún alimento o bebida. Asimismo, hacen un llamado al diálogo con las autoridades para encontrar soluciones que promuevan la salud pública sin perjudicar la economía familiar ni los empleos del sector.
