El Juzgado de Atención Permanente del Distrito Judicial de La Altagracia ha aplazado por segunda vez la audiencia de conocimiento de la medida de coerción contra el militar de la Fuerza Aérea, Paulino de la Cruz, acusado de violar a una adolescente haitiana el pasado 5 de abril en Verón, provincia La Altagracia. La audiencia ha sido reprogramada para el próximo viernes 26 de abril a las 9:00 de la mañana. Este aplazamiento se debe a que las autoridades aún no han realizado la entrevista a la menor a través de la cámara Gesell, acción que fue ordenada durante la primera audiencia celebrada previamente.
Además, el caso aún no ha sido asignado a un juez de manera permanente, por lo que será conocido por el magistrado de turno en el juzgado. El Ministerio Público ha solicitado un año de prisión preventiva para el raso De la Cruz, de 18 años, y ha informado que la niña identificó a su presunto agresor de manera clara y precisa entre 15 militares que participaron en los operativos migratorios de la provincia La Altagracia. A pesar de ser reconocido por la menor de 14 años, el militar acusado alegó desconocer la situación durante su interrogatorio con un fiscal investigador del Ministerio Público.
La defensa del militar acusado ha declarado que "nadie tiene ese corazón para hacer eso", desmintiendo las acusaciones en su contra. La situación ha generado gran controversia y preocupación en la sociedad, dado que se trata de un caso de violación a una menor haitiana. El aplazamiento de la audiencia ha generado incertidumbre en relación al proceso legal que enfrenta el acusado y la búsqueda de justicia para la víctima.
Es importante destacar que la realización de la entrevista a la menor a través de la cámara Gesell es crucial para esclarecer los hechos y determinar la culpabilidad del acusado. La reprogramación de la audiencia para una fecha posterior también ha generado expectativas en torno a las decisiones que se tomarán en este caso tan sensible. La solicitud de un año de prisión preventiva por parte del Ministerio Público refleja la gravedad de las acusaciones y la necesidad de garantizar la protección de la víctima.
El caso ha puesto en evidencia la importancia de abordar de manera adecuada y diligente los casos de violencia de género y abuso sexual, especialmente cuando se trata de menores de edad. La garantía de un proceso legal justo y transparente es fundamental para asegurar que se haga justicia en este caso y prevenir que situaciones similares se repitan en el futuro. La sociedad espera que el sistema judicial actúe con prontitud y contundencia para proteger a la víctima y aplicar las sanciones correspondientes al acusado, de ser encontrado culpable.
