El conocimiento de la medida de coerción de Johan Castillo, acusado de abusar sexualmente de varias menores en Los Alcarrizos, fue aplazado para el lunes al mediodía. La Oficina Judicial de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste fue la encargada de iniciar el proceso el sábado, debido a las acusaciones de violación sexual a jóvenes que asistían a la iglesia que dirigía como pastor.

La representante del Ministerio Público, Iris Castillo, atribuyó el aplazamiento a una supuesta táctica dilatoria por parte de la defensa, mencionando que los abogados del acusado se presentaron sin proveer los documentos necesarios. Por lo tanto, será hasta el lunes cuando los representantes legales deberán presentar la documentación para demostrar el arraigo del acusado.

Los abogados defensores culparon a la Oficina Judicial por no haber especificado los requisitos necesarios para continuar el proceso de la medida coercitiva. El abogado de Castillo, Jean Carlos Rojas, argumentó que sería una violación a los derechos fundamentales conocer la medida de coerción sin haber completado los requisitos necesarios.

Este caso ha generado gran controversia y ha generado gran atención en la opinión pública. La acusación de abuso sexual contra menores de edad es un tema muy delicado que requiere una atención minuciosa por parte de las autoridades. Se espera que el proceso judicial sea llevado a cabo de manera justa y transparente para todas las partes involucradas.

Es importante recordar que en casos de abuso sexual contra menores, es fundamental proteger a las víctimas y garantizar que se haga justicia. El sistema judicial dominicano debe velar por el debido proceso y garantizar que se respeten los derechos de todas las partes involucradas en este caso. Se espera que la verdad salga a la luz y que se haga justicia en este caso tan delicado y sensible.

En medio de toda esta polémica, es fundamental que se respete el proceso judicial y que se investiguen a fondo las acusaciones contra Johan Castillo. La justicia debe prevalecer y se espera que se llegue a una resolución justa y equitativa en este caso tan delicado. Todas las partes involucradas deben colaborar con las autoridades para esclarecer los hechos y garantizar que se haga justicia en este caso de abuso sexual contra menores de edad.

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