La Asociación Nacional de Agencias Distribuidoras de Vehículos (Anadive) expresó su preocupación por un posible aumento de impuestos a los vehículos usados en una próxima reforma fiscal, considerándolo como un golpe duro a la clase media y una medida que favorecería a los importadores de vehículos nuevos. El gremio respalda una reforma fiscal integral, justa y equilibrada que no afecte a la clase trabajadora ni perjudique a un sector en beneficio de otros. Se señala que gravar más a los vehículos usados y aumentar el costo de los marbetes beneficiaría a los importadores de vehículos nuevos en detrimento de otros sectores.
Anadive considera que la reforma fiscal debe abordar problemas estructurales del país y no solo buscar incrementar las recaudaciones del Estado cargando a los más vulnerables y con menos posibilidades. Se destaca la importancia de llegar a un pacto fiscal que financie el desarrollo y garantice la sostenibilidad a largo plazo, tal como lo establece la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. El gremio propone reducir la evasión fiscal, mejorar la eficiencia y transparencia del gasto público, aumentar la eficiencia y equidad de la estructura tributaria, racionalizar tarifas y subsidios en servicios públicos, incrementar la presión tributaria, entre otros aspectos.
Además, Anadive sugiere que la reforma fiscal también debe corregir distorsiones en el sector automovilístico, como el doble tratamiento impositivo que se les aplica a los vehículos de motor al realizarse traspasos de propiedad, el impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios, y el impuesto sobre la renta. El gremio considera importante regular que la importación de vehículos por los representantes de marcas cuente con un stock mínimo de piezas, partes esenciales y talleres para servicios y garantías. También se plantea que las unidades vendidas cumplan con condiciones de seguridad y protección del medio ambiente.
Anadive aboga por un tratamiento fiscal igualitario para todo el sector organizado, sin discriminación frente a la ley, y apoya los esfuerzos para regular la comercialización y distribución de vehículos con equidad y justicia. Se busca que la reforma fiscal sea integral y justa, abordando temas estructurales y corrigiendo distorsiones en el sector automovilístico para garantizar un sistema tributario equitativo y eficiente. Es fundamental llegar a un pacto fiscal que financie el desarrollo del país y garantice su sostenibilidad a largo plazo, respetando los principios de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo.
