Representantes de los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Revolucionario Dominicano (PRD) han expresado su desacuerdo con el plazo de 15 días otorgado por el presidente Luis Abinader a los funcionarios para cumplir con la Ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio. Héctor Guzmán, vicepresidente del PRD, señaló que estos plazos no refuerzan la constitucionalidad y que el presidente Abinader debe garantizar el cumplimiento de la normativa en lugar de otorgar más tiempo. Guzmán también enfatizó que la ley debe ser obligatoria para todos los funcionarios, incluidos los electivos, y que aquellos que no hayan cumplido con su declaración jurada deben enfrentar las consecuencias.
Por su parte, José Dantés Díaz, miembro del Comité Político del PLD, criticó al Gobierno actual por estar acostumbrado a violar la ley y considerar estas infracciones como subsanables. Dantés recordó que el presidente no está por encima de la ley ni tiene la facultad de ampliar plazos legales, y cuestionó la narrativa del gobierno basada en la transparencia y rendición de cuentas que, según él, no se aplica en la administración de Abinader. Dantés recordó que la Ley 311-14 establece un plazo de 30 días para presentar la declaración jurada de patrimonio desde la toma de posesión o la salida del puesto, y que no hacerlo constituye una falta grave.
El presidente Abinader instruyó a todos sus funcionarios a presentar su declaración jurada de patrimonio a más tardar el próximo lunes 30 de septiembre, otorgando un plazo de 15 días adicionales a quienes no la hayan presentado. Advirtió que aquellos que no cumplan serán suspendidos y posteriormente cancelados. Aclaró que esta obligación aplica principalmente para los nuevos funcionarios, ya que aquellos que continúan en el cargo no están obligados a hacer esta declaración. Representantes de los partidos han cuestionado esta medida y han instado a que se cumpla con la ley de manera obligatoria para todos los funcionarios, sin excepciones.
En este sentido, se destaca la importancia de garantizar la transparencia y rendición de cuentas en la gestión pública, así como el cumplimiento de las normativas legales establecidas para asegurar la integridad y la legitimidad de las autoridades. Tanto el PLD como el PRD han enfatizado la necesidad de aplicar la Ley 311-14 de forma rigurosa y sin privilegios, asegurando que el presidente Abinader debe velar por el cumplimiento de la ley en todos los niveles del Gobierno. Esta controversia pone de manifiesto la importancia de fortalecer las instituciones y promover una cultura de legalidad en la República Dominicana.
En conclusión, la polémica en torno al plazo otorgado por el presidente Abinader para la presentación de la declaración jurada de patrimonio por parte de los funcionarios refleja la preocupación de los partidos de oposición por el cumplimiento de la ley y la transparencia en la gestión pública. Tanto el PLD como el PRD han criticado esta medida y han instado a que se aplique la ley de manera rigurosa y obligatoria para todos los funcionarios, sin excepciones ni privilegios. Es fundamental que se promueva una cultura de legalidad y rendición de cuentas en la República Dominicana para fortalecer las instituciones y garantizar la integridad de las autoridades.
