Ayer venció el plazo para que los legisladores electos en las elecciones de mayo pasado, así como los funcionarios designados y ratificados, presentaran su declaración jurada de patrimonio. Menos del 50% de los legisladores cumplió con este requisito, según datos proporcionados por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Solo 89 diputados de 190 y nueve senadores de 32 habían presentado su declaración. También estaban llamados a declarar sus bienes los funcionarios y congresistas cesantes, así como aquellos que repetían en el cargo. Ante el vencimiento del plazo, la Ley No. 311-14 establece que los salarios de quienes no presenten su declaración serán retenidos por la Tesorería Nacional hasta que subsanen la omisión.
Algunos funcionarios que sí presentaron su declaración jurada de patrimonio fueron los ministros de Deportes, Kelvin Cruz; Administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista; Interior y Policía, Faride Raful; de la Presidencia, José Paliza; y de Administración Pública, Sigmund Freund. Es importante destacar que el plazo para los ministros, administradores y directores nombrados en fecha diferente al 16 de agosto vence cuando se cumple el primer año de su designación. A pesar de esto, la mayoría de los legisladores electos no cumplió con el requisito, lo que generó críticas y quejas debido a presuntos nuevos requerimientos para llenar el documento de declaración jurada de patrimonio.
La Ley No. 311-14 instituye el Sistema Nacional Automatizado y Uniforme de Declaraciones Juradas de Patrimonio de los Funcionarios y Servidores Públicos, junto con su reglamento de aplicación No. 92-16. Esta normativa establece las consecuencias para aquellos funcionarios que no cumplan con la presentación de su declaración de bienes, como la retención de sus salarios por parte de la Tesorería Nacional hasta que subsane la omisión a la referida normativa. Aunque algunos legisladores y funcionarios cumplieron con el requisito, la falta de cumplimiento de la mayoría de los legisladores electos ha generado preocupación y críticas en la sociedad dominicana.
Es fundamental para la transparencia y la rendición de cuentas que los funcionarios públicos presenten su declaración jurada de patrimonio, ya que esto permite conocer la riqueza e intereses de quienes ocupan cargos en el gobierno. La falta de cumplimiento de este requisito genera desconfianza en la ciudadanía y pone en entredicho la integridad de los funcionarios electos y designados. Es necesario que se refuercen los mecanismos de control y supervisión para garantizar el cumplimiento de esta obligación y prevenir la corrupción en el ámbito público.
La presentación de la declaración jurada de patrimonio es un paso fundamental en la lucha contra la corrupción y el nepotismo en la administración pública. La falta de transparencia en la gestión de los recursos del Estado puede llevar a la desconfianza de la población en sus gobernantes y debilitar la democracia. Es necesario que los funcionarios públicos asuman su responsabilidad de rendir cuentas y actúen con honestidad y probidad en el ejercicio de sus funciones. La sociedad dominicana espera que los legisladores electos cumplan con sus obligaciones y demuestren su compromiso con la transparencia y la ética en la gestión pública.
