El Ministerio Público denunció a los líderes de una organización que reclutó mujeres para explotarlas sexualmente, llevando a cabo la Operación Flor de Loto que rescató a 45 víctimas colombianas y venezolanas en Santiago. Después de meses de seguimiento, lograron liberar a las mujeres que estaban cautivas en varios apartamentos en el sector Gurabo. La organización del crimen estaba compuesta por los acusados Junior David Matos Monegro y Estarly Almánzar Pérez, quienes reclutaban a las víctimas en Colombia para después explotarlas sexualmente en la República Dominicana.
La estructura criminal tenía bajo su control los documentos de identidad de las víctimas, así como el pago de los clientes. Durante los allanamientos, se encontraron más de 300 pruebas que los vinculan con la actividad delictiva. La Fiscalía solicitó la imposición de prisión preventiva para los acusados por violación a leyes sobre tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, asociación de malhechores y proxenetismo. Además, Matos Monegro enfrenta cargos por violar la Ley de Control y Regulación de Armas de Fuego.
La liberación de las víctimas fue el resultado de una exhaustiva investigación que requería seguimiento, vigilancia e inteligencia para desmantelar la red criminal. Durante los allanamientos, se desplegó un gran equipo de fiscales y oficiales de la Policía Nacional para asegurar la seguridad de las víctimas. Estas mujeres eran sometidas a extenuantes jornadas laborales sexuales, privándolas de su dignidad y derechos humanos.
Los apartamentos en los que residían las víctimas eran alquilados por los acusados, que las mantenían bajo vigilancia para proteger su "inversión". También se encontraron sustancias controladas y armas de fuego en posesión de los acusados. La Fiscalía y la Procuraduría lograron recopilar pruebas de la actividad delictiva lucrativa a la que eran sometidas las víctimas, con el apoyo de la Dirección de Investigaciones Criminales (Dicrim) de la Policía Nacional y el Anti-Trafficking Bureau (ATB).
El fiscal de Santiago destacó que más allá de la ilegalidad de estas actividades, se envía un mensaje en favor de la dignidad de las mujeres y las familias que residían en los residenciales donde operaba la organización criminal. La intervención se realizó con el objetivo de resguardar la integridad de las víctimas, dadas sus vulnerabilidades. Las mujeres eran explotadas sexualmente y estaban privadas de sus derechos humanos, por lo que era crucial desmantelar la red criminal y rescatarlas de esa situación de violencia.
En resumen, la Operación Flor de Loto en Santiago llevó a la liberación de 45 víctimas colombianas y venezolanas de explotación sexual. La organización criminal reclutaba a mujeres en Colombia para explotarlas en la República Dominicana, manteniéndolas cautivas en diferentes residenciales en Gurabo. La intervención de las autoridades permitió desarticular la red criminal y presentar cargos contra los cabecillas por violación a leyes sobre tráfico ilegal de migrantes y trata de personas, asociación de malhechores y proxenetismo, entre otros.
