La Oficina de Atención Permanente del distrito judicial de Jarabacoa ha recibido una solicitud de medida de coerción contra un exmiembro de la Policía Nacional acusado de tráfico ilegal de armas, municiones, blindajes y otros objetos provenientes de los Estados Unidos. La fiscal Viviana Mena Paulino ha pedido la imposición de prisión preventiva al imputado Francisco Antonio Capellán. Capellán fue arrestado en su residencia en Pedregal, siendo encontrado con una mochila que contenía una gran cantidad de dinero en efectivo.
Además del dinero en efectivo, en la habitación principal de la residencia de Capellán se encontraron varios cargadores de arma de fuego, identificados con códigos utilizados por una organización ilícita para identificar a sus clientes. Se ocupó también un chaleco antibalas de tipo militar en el interior de un automóvil propiedad del imputado. Se ha confirmado que Capellán traficaba con armas, municiones y otros objetos relacionados sin autorización legal ni estatal, provenientes de los Estados Unidos.
La fiscalía ha solicitado que se imponga la prisión preventiva a Capellán como medida de coerción, debido a la gravedad de los delitos de los que se le acusa. Se menciona la presencia de otras personas, tanto civiles como policiales, que también participaban en el tráfico ilegal de armas y otros materiales relacionados. Se destaca que todo esto ocurría sin ningún tipo de autorización legal ni estatal, lo que agrava aún más la situación del imputado.
Las autoridades encontraron una cantidad significativa de armas, municiones y otros objetos ilegales en la residencia de Capellán, lo que sugiere una operación de tráfico ilegal a gran escala. La presencia de códigos utilizados para identificar a los clientes de la organización involucrada indica un alto grado de organización en estas actividades ilícitas. Se espera que el caso avance en el sistema judicial y se haga justicia con respecto a estos delitos graves.
La investigación en curso ha revelado la extensión y la gravedad de las actividades ilegales en las que estaba involucrado Capellán y otros sospechosos. La presencia de armas de fuego y equipos militares ilegales representa un peligro para la seguridad pública y debe ser abordada con urgencia por las autoridades competentes. Con la imposición de medidas de coerción apropiadas, se espera que se logre contener esta situación y evitar futuros incidentes relacionados con el tráfico ilegal de armas.
