En el sector público dominicano, las discrepancias salariales han generado polémica, con asistentes técnicos que ganan más que ministros y directores con salarios superiores al del presidente de la República. La nómina estatal, con entre 700,000 y un millón de empleados, debería estar bajo escrutinio, pero las iniciativas para regularla no han prosperado. Existen puestos con requerimientos académicos y técnicos elevados, como los relacionados al Banco Central, mientras otros parecen prescindir de un perfil preciso al ser ocupados por políticos del partido de turno.
La Ley 105-13 sobre Regulación Salarial del Estado establece los sueldos para el Gobierno Central y las entidades descentralizadas, que varían desde menos de 10,000 pesos hasta más de 1,600,000 pesos. En la actualidad, el presidente gana 450,000 pesos mensuales, mientras que algunos funcionarios como los ministros o la procuradora general de la República reciben 300,000 pesos. Sin embargo, hay instituciones descentralizadas que establecen su propio régimen de remuneraciones, resultando en discrepancias salariales notorias.
En el 2021, Participación Ciudadana analizó las diferencias en los salarios públicos y pidió al Estado corregir estas anomalías. A pesar de esto, en el 2022, el superintendente de Electricidad y miembros del Consejo Directivo se aumentaron el salario en un 26 %, lo que generó críticas. El ministro de Administración Pública, Darío Castillo, presentó una propuesta de modificación de la Ley 105-13 para eliminar los topes salariales y establecer escalas salariales más flexibles.
Darío Castillo estima que la nómina estatal dominicana supera los 700,000 empleados, excluyendo las alcaldías y juntas municipales. Actualmente, se trabaja en la creación del Sistema Integrado de Gestión Institucional (Sigei) para determinar con exactitud cuántos empleados tiene el Estado y en qué instituciones trabajan. A pesar de varios intentos en el pasado por cuantificar la nómina estatal, todavía se desconoce con exactitud cuántas personas trabajan para el Estado.
En el sector público, los salarios desequilibrados han sido motivo de controversia en la República Dominicana. Existen casos donde asistentes técnicos ganan más que ministros y directores de entidades cobran más que el presidente del país. A pesar de los intentos por regularizar la situación, las discrepancias salariales persisten, generando descontento entre la población.
La Ley 105-13 establece los sueldos para el Gobierno Central y entidades descentralizadas, con rangos que van desde salarios mínimos hasta cifras millonarias para ciertos cargos. A pesar de la existencia de topes salariales, algunas instituciones descentralizadas establecen sus propios regímenes de remuneración, creando disparidades notorias en los salarios del sector público. La propuesta de modificación de la ley presentada por el ministro de Administración Pública busca eliminar estos topes y establecer escalas salariales más flexibles.
La falta de transparencia en la nómina estatal ha sido un tema persistente en la República Dominicana. A pesar de iniciativas para cuantificar con exactitud la cantidad de empleados del Estado, aún no se tiene un número preciso. La creación del Sistema Integrado de Gestión Institucional busca arrojar luz sobre este tema, permitiendo identificar cuántas personas trabajan para el Estado y en qué instituciones. Los esfuerzos por regularizar las discrepancias salariales en el sector público continúan siendo un desafío.
