Tras la retirada del proyecto de Ley de Modernización Fiscal en República Dominicana, los sectores productivos reconocen la importancia de aumentar los ingresos del Estado a través de un pacto fiscal que evalúe cada industria y sector productivo para no perjudicar a la población trabajadora ni vulnerable. Los organismos internacionales como el Banco Mundial y el FMI han advertido que el país debe mejorar sus finanzas para evitar un aumento de la deuda y las tasas de interés. El FMI ha recomendado una reforma fiscal integral que aumente los ingresos fiscales y mejore la eficiencia del gasto, promoviendo un crecimiento inclusivo y la construcción de infraestructuras resilientes en el país.
El Banco Mundial ha destacado la importancia de movilizar recursos para impulsar el crecimiento económico, reducir la desigualdad y mejorar la sostenibilidad fiscal en República Dominicana. La creación de un espacio fiscal adecuado permitiría mejorar los servicios públicos, incentivar el crecimiento económico y fortalecer las perspectivas fiscales y la calificación crediticia del país. El BM se ha ofrecido a apoyar al país en este proceso, presentando experiencias internacionales que acompañen las metas de la visión nacional.
El vicepresidente ejecutivo del Crees ha sugerido que las autoridades deben presentar una reforma fiscal viable que aumente los ingresos sin perjudicar a los contribuyentes, ampliando la base impositiva y propiciando el crecimiento económico. Es fundamental administrar adecuadamente el capital político en los procesos de reforma y demostrar a la población que los recursos recaudados se utilizarán de manera eficiente. En el caso del turismo, Asonahores ha destacado la importancia de un pacto fiscal que incremente los ingresos del gobierno, corrija ineficiencias y fomente la creación de empleos.
El CONEP ha propuesto ocho pilares para un Pacto Fiscal a largo plazo en República Dominicana, incluyendo un sistema tributario que promueva el empleo y la formalización, fomente la transparencia del gasto público y distribuya equitativamente los recursos regionales alineados con criterios de sostenibilidad. La estrategia de desarrollo inclusivo y sostenible propone evitar impuestos que frenen el desarrollo, incentivar la competencia y mejorar la eficiencia recaudatoria para aumentar la confianza de los ciudadanos en la administración tributaria. En resumen, el país se encuentra en la necesidad de implementar una reforma fiscal integral que mejore sus finanzas, incremente los ingresos y promueva un crecimiento económico inclusivo y sostenible.
