En el primer trimestre de este año, las asociaciones sin fines de lucro (ASFL) ejecutaron alrededor de 480 millones de pesos de los 2,924.3 millones de pesos aprobados en el Presupuesto General del Estado para el 2024. Según el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), estas cifras son preliminares y se obtuvieron a través del Sistema Integrado de Gestión de las Asociaciones Sin Fines de Lucro (Sigasfl), plataforma donde las organizaciones deben informar sobre su ejecución presupuestaria. La directora del Centro Nacional de Fomento y Promoción a las Asociaciones sin Fines de Lucro (Casfl), Vielka Polanco, mencionó que el 90 % de las oenegés que reciben fondos públicos entregaron su primera ejecución del año.
En un evento donde se reconoció a las 23 organizaciones que mejor rindieron cuentas en términos de calidad de información proporcionada, Vielka Polanco enfatizó la importancia de crear una cultura de transparencia en el uso de fondos públicos. Se busca que las organizaciones detallen de manera clara y transparente cómo utilizan estos recursos. Polanco destacó que muchas organizaciones no contaban con la cultura ni la capacidad para rendir cuentas, y subrayó que es fundamental empezar a inculcar esta práctica. Además de monitorear, controlar y capacitar a las entidades, también se busca reconocer su buen desempeño en este aspecto.
Vielka Polanco identificó dos debilidades principales que presentan las organizaciones sin fines de lucro al rendir cuentas. La primera se refiere a la forma en que se gastan los fondos, y la segunda está relacionada con la falta de pruebas que respalden las ejecuciones presupuestarias. La Ley 122-05 para la Regulación y Fomento de las Asociaciones Sin Fines de Lucro establece que los aportes gubernamentales a estas entidades solo pueden cubrir un máximo del 20 % de los gastos administrativos, dejando el 80 % para gastos operativos. Muchas organizaciones tienen dificultades para cumplir con este requisito, lo que se busca trabajar en concientizar a las asociaciones para que presenten el sustento adecuado de sus gastos.
En caso de que las organizaciones sin fines de lucro no cumplan con el mandato de la ley en cuanto a la distribución de los fondos públicos para gastos administrativos y operativos, se llevan a cabo evaluaciones y auditorías. Si se determina que se realizaron gastos inadmisibles, se notifica a la entidad y se busca que deban devolver los fondos utilizados sin justificación. Esta medida se plantea como un paso adicional para garantizar el correcto uso de los recursos asignados a estas organizaciones. La idea es fomentar una cultura de transparencia y rendición de cuentas en el sector de las asociaciones sin fines de lucro.
