Un grupo de organizaciones de pilotos en la República Dominicana se ha opuesto vehementemente al manejo de la enmienda a la Ley de Aviación Civil 491-06. El presidente Luis Abinader emitió recientemente el Decreto 172-24, declarando que la modernización del marco legal y regulatorio que rige la aviación civil es una prioridad nacional. Bajo esta directiva, el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) está encargado de liderar una revisión integral y actualización de la Ley de Aviación Civil 491-06, promulgada el 22 de diciembre de 2006, en alineación con los estándares de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). Sin embargo, la Asociación Nacional de Pilotos de la República Dominicana (ANP), la Asociación Dominicana de Aviación General (ADAG), Aeroclub Quisqueya, Inc. y el Consejo de Capitanes han expresado conjuntamente su oposición a la reforma, argumentando que ninguno de los pasos legislativos tomados por el Congreso Nacional para aprobar la nueva ley fue coordinado con alguna de las organizaciones que representan a los pilotos dominicanos.
En un comunicado formal, la coalición afirmó que las regulaciones propuestas impondrían multas exorbitantes por lo que perciben como errores operativos rutinarios cometidos por pilotos, lo que es una desviación de los principios contemporáneos de seguridad operativa. Advertieron que tales medidas no solo significan un retroceso significativo en los estándares de seguridad, sino que también aumentan el riesgo de accidentes e incidentes. El grupo de organizaciones de pilotos instó a la prudencia en el proceso de reforma, abogando por un diálogo inclusivo dentro del sector para fomentar el desarrollo de una ley de aviación civil modernizada que refleje los intereses nacionales y las prácticas aeronáuticas contemporáneas.
La coalición argumenta que, en lugar de imponer multas excesivas a los pilotos por errores operativos, debería haber un enfoque en la formación continua y en la promoción de una cultura de seguridad operativa dentro de la industria de la aviación. Además, señalan que las medidas propuestas podrían desincentivar a los pilotos para informar incidentes de seguridad, lo que resultaría en una falta de información vital para la mejora continua de la seguridad operativa en la aviación civil. La oposición de las organizaciones de pilotos destaca la importancia de una colaboración efectiva entre las autoridades gubernamentales y las partes interesadas de la industria para garantizar que cualquier reforma legal en la aviación civil sea equilibrada, justa y apoyada por todos los actores involucrados.
En el documento, la coalición de organizaciones de pilotos pidió que se detuviera el avance del proceso de reforma de la ley de aviación civil hasta que se pueda establecer un diálogo efectivo entre todas las partes involucradas. Argumentaron que la falta de consulta previa con las organizaciones de pilotos representa una infracción a los derechos de los trabajadores de la aviación y un desprecio por las voces de aquellos directamente involucrados en la operación diaria de vuelos en la República Dominicana. Además, destacaron la necesidad de una revisión detallada de los aspectos específicos de la reforma propuesta para garantizar que se ajuste a las necesidades y realidades de la industria de la aviación en el país.
En este contexto, las organizaciones de pilotos han propuesto la creación de un grupo de trabajo conjunto que incluya representantes del gobierno, aerolíneas, aeropuertos y organizaciones de pilotos para analizar de manera integral los cambios propuestos a la ley de aviación civil. Este enfoque colaborativo y participativo busca garantizar que los puntos de vista y preocupaciones de todas las partes interesadas se tengan en cuenta en el proceso de reforma, promoviendo así una legislación más equilibrada y efectiva para la industria de la aviación en la República Dominicana. La coalición de organizaciones de pilotos espera que a través de este diálogo constructivo se pueda llegar a un consenso que beneficie a la seguridad, operatividad y desarrollo sostenible de la aviación civil en el país.