La muerte a tiros del sargento de la Policía Nacional, Everson Omar Pérez, desencadenó una intensa búsqueda de los responsables. Dos presuntos delincuentes murieron abatidos por la policía en intercambios de disparos, mientras que otro resultó herido. Franklin Enrique Sena fue el primero en caer abatido, seguido por la identificación de otros dos jóvenes como responsables del crimen. Víctor Novas se entregó a las autoridades, mientras que Marco Antonio Ramírez del Carmen fue abatido en la provincia de San Juan tras resistirse al arresto.
Además de los mencionados, la policía detuvo al menos siete personas para fines de investigación, incautando vehículos, armas de fuego, celulares y otros artículos como evidencia. Everson fue sepultado en medio del dolor de sus familiares y compañeros de la Dicrim. En los primeros 18 días de julio, la Policía Nacional reportó la muerte de seis individuos en supuestos intercambios de disparos, destacando los casos de Elieser King Escaño y Erickson Cabrera Luciano, conocido como "Potrico" y/o "Chepo".
El nivel de violencia también se hizo evidente con la muerte de José Orlando Genao, conocido como "Willy Willy", y Pedro Pablo Puello, alias Doble A y/o Pichi, durante supuestos intercambios de disparos con agentes de la Policía Nacional. Las familias de las víctimas denuncian abusos policiales y falta de protocolos adecuados en los enfrentamientos armados. Este jueves, Hairo Michael de la Cruz de la Cruz se convirtió en otro abatido por la policía, sumando un total de 68 muertes en el año en medio de supuestos intercambios de disparos.
La intensa búsqueda y abatimiento de presuntos delincuentes ha sido una constante en la labor policial en República Dominicana durante este año. Las autoridades continúan enfrentando la violencia callejera y la criminalidad con operativos de captura y confrontaciones armadas que han resultado en un alto número de muertes. La falta de una estrategia integral para abordar la inseguridad ha generado críticas y cuestionamientos sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades.
El impacto de estas muertes en la sociedad dominicana es evidente, generando un clima de temor e inseguridad entre la población. La pérdida de vidas humanas en medio de enfrentamientos armados plantea interrogantes sobre la efectividad y la legalidad de las operaciones policiales. El llamado a una revisión de las políticas de seguridad y una mayor transparencia en las actuaciones de las fuerzas del orden se hace cada vez más urgente para garantizar la protección de los derechos humanos y la seguridad ciudadana en el país. La necesidad de un enfoque integral que aborde las causas profundas de la delincuencia y promueva la justicia y la paz se vuelve fundamental en medio de esta ola de violencia.
