El Ministerio Público lanzó la Operación Gaviota para desmantelar una red que estafó a personas a través de la empresa Investor Winner, captando más de 3,000 millones de pesos con un esquema fraudulento basado en operaciones bursátiles. La red prometía a las víctimas un rendimiento mensual de entre 10% y 30%, atrayéndolas con promesas de ganancias inusualmente altas a través de las redes sociales.
La Procuraduría General de la República realizó allanamientos en diferentes provincias como La Altagracia, Santo Domingo, Azua, Dajabón y el Distrito Nacional, arrestando a varias personas y confiscando evidencias relacionadas con la investigación. Los imputados reclutaban a las personas convenciéndolas de que estaban realizando una inversión legítima, creando empresas para captar valores del público sin los permisos correspondientes de las autoridades financieras.
La red utilizaba varias empresas secundarias y terciarias para captar inversiones, canalizándolas hacia la empresa principal. Sin embargo, no hay evidencia de que la inversión se haya colocado realmente en el bróker, ya que la colocación real es inferior al 15% de lo captado. Los imputados pagaban intereses con el capital de nuevos inversores en lugar de utilizar el dinero en inversiones reales, presentando estados de cuenta falsos para mostrar una aparente solidez financiera.
Para evitar ser descubiertos, algunos imputados se mudaron de sus domicilios habituales y cedieron las acciones de las empresas una vez que el esquema se colapsó. Las víctimas de esta estafa han sufrido dramáticamente, perdiendo todos sus ahorros e incluso hipotecando sus propiedades para invertir con Investor Winner. A pesar de las querellas presentadas por el Ministerio Público, muchas víctimas aún creen que su dinero está en un bróker internacional y se niegan a aceptar la realidad.
El Ministerio Público tiene pruebas de que el dinero de los inversores fue utilizado en el pago de intereses y en gastos personales de los imputados, incluyendo viajes, cirugías estéticas, bienes inmuebles y automóviles. En las próximas horas, se solicitarán medidas coercitivas contra ocho personas involucradas en la operación para garantizar que se haga justicia. Este caso destaca las consecuencias devastadoras de caer en esquemas fraudulentos y la importancia de investigar y denunciar estos delitos para proteger a la población.
