El senador por el Distrito Nacional, Omar Fernández, ha expresado su rechazo al Impuesto de Propiedad Inmobiliaria (IPI) presentado en la propuesta de reforma fiscal del Gobierno, argumentando que da un tratamiento de lujo a la vivienda, la cual considera un derecho constitucional. Este impuesto ha generado críticas por parte de diversos sectores sociales y el Congreso Nacional ha convocado vistas públicas para discutir los puntos cuestionados. Según Fernández, una vivienda que actualmente está exenta de impuestos podría llegar a pagar hasta RD$48,500 al año por concepto de IPI, lo que en su opinión haría más costoso el acceso a la vivienda para los dominicanos.
El senador ha manifestado su preocupación por el impacto que este impuesto podría tener en el precio de los alquileres, ya que los propietarios podrían optar por trasladar esta nueva carga a los inquilinos. Fernández enfatiza que la vivienda no es un lujo, sino un derecho fundamental consagrado en la Constitución dominicana, y cuestiona si es acertado implementar un impuesto de esta naturaleza. El congresista insta a reflexionar sobre la viabilidad de esta medida y sugiere buscar alternativas que no afecten el acceso a la vivienda de los ciudadanos.
La propuesta de Modernización Fiscal presentada por el Gobierno tiene como objetivo recaudar más fondos para financiar servicios básicos como la seguridad ciudadana, el transporte, la atención primaria de la salud, la mejora del sector eléctrico y la transformación de la Policía Nacional. En caso de que el proyecto sea aprobado, el Gobierno espera recaudar alrededor de 122,486 millones de pesos a través de una reorganización fiscal que le permita obtener más recursos. Esta reforma fiscal es considerada fundamental para atender las necesidades de la población y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
Según la propuesta de Modernización Fiscal, el Impuesto de Propiedad Inmobiliaria (IPI) se reestructuraría para establecer un mínimo exento equivalente al valor de una vivienda de bajo costo y se cobraría una tasa del 1 % del excedente cuando el valor de los inmuebles supere este límite. Además, se incluiría el valor conjunto de las mejoras y de los solares en el patrimonio inmobiliario gravado. Esta medida busca aumentar la recaudación fiscal y financiar los servicios públicos prioritarios para el país.
La discusión en torno al Impuesto de Propiedad Inmobiliaria (IPI) ha generado un intenso debate en la sociedad dominicana, con opiniones divididas sobre su viabilidad y sus posibles consecuencias. Mientras que algunos sectores apoyan la propuesta del Gobierno como una medida necesaria para aumentar la recaudación fiscal y mejorar los servicios públicos, otros consideran que gravar la vivienda va en contra del derecho de acceso a una vivienda digna consagrado en la Constitución. La polémica continúa y se espera que el Congreso Nacional tome en cuenta todos los puntos de vista antes de tomar una decisión final sobre esta reforma fiscal.
