Durante este cuatrienio, siete de ocho diputados acusados de corrupción, narcotráfico, lavado de activos, estafa y violencia pertenecen al Partido Revolucionario Moderno (PRM), mientras que el restante es del Partido Revolucionario Dominicano (PRD). Algunos de estos diputados han sido juzgados y encontrados culpables, como Miguel Gutiérrez y Rosa Amalia Pilarte López. Gutiérrez fue condenado a 16 años de cárcel por tráfico de drogas en los Estados Unidos, mientras que Pilarte López fue sentenciada a cinco años de prisión por lavado de activos en República Dominicana.
Héctor Féliz, del PRD, no fue reelecto y puede ser requerido por la justicia ordinaria tras perder su inmunidad parlamentaria. A pesar de que la Suprema Corte de Justicia designó un juez especial para investigar a diputados con inmunidad parlamentaria, como Sergio Moya de la Cruz, Nelson Marmolejos Gil y Faustina Cabrera Guerrera, ninguno ha sido formalmente acusado. Moya de la Cruz está vinculado al caso de corrupción Caso Calamar, Marmolejos Gil al caso Falcón y Cabrera Guerrera también al caso Falcón, donde está acusada junto a su esposo.
Otros diputados involucrados en escándalos incluyen a Sadoky Duarte y Gregorio Domínguez. Duarte fue condenado por violencia en perjuicio de la policía nacional y un fiscal, mientras que Domínguez fue absuelto de acusaciones de violencia de género y secuestro. Sin embargo, Domínguez había sido acusado previamente de desalojo ilegal de terrenos en Punta Rucia en Puerto Plata. A pesar de estas acusaciones, algunos de estos diputados han sido reelegidos en sus cargos, como Moya de la Cruz, Marmolejos Gil y Cabrera Guerrera.
La presencia de diputados acusados de diversos delitos refleja la prevalencia de la corrupción en la política dominicana. A pesar de los esfuerzos de la Suprema Corte de Justicia por investigar a estos legisladores, la falta de acción legal contra algunos de ellos sugiere una impunidad generalizada. La reelección de diputados acusados de corrupción plantea interrogantes sobre la integridad del sistema político y judicial en República Dominicana. Es fundamental que se tomen medidas para combatir la corrupción y garantizar la transparencia en el gobierno y el respeto por el estado de derecho.
El hecho de que diputados acusados de corrupción, narcotráfico y otros delitos hayan sido reelegidos para servir en la Cámara de Diputados plantea serias preocupaciones sobre la integridad y la ética de algunos políticos en República Dominicana. La impunidad y la falta de rendición de cuentas en estos casos reflejan la profunda influencia de la corrupción en la política del país. Es necesario que se tomen medidas concretas para investigar y enjuiciar a aquellos que han abusado de su poder y han violado la ley. La lucha contra la corrupción y la promoción de la transparencia son fundamentales para fortalecer la democracia y el estado de derecho en República Dominicana.
