En el Senado se ha aprobado en primera lectura un proyecto de ley que limitaría la persecución e investigación de delitos de corrupción a un plazo máximo de 20 años después de cometidos los ilícitos. Esta medida, actualmente en estudio en una comisión especial de la Cámara Alta, establecería que los delitos de corrupción se extinguirían luego de dos décadas, impidiendo así que el sistema de justicia dominicano pueda indagar o castigar los ilícitos administrativos ocurridos en el pasado. Esta prescripción de la corrupción ya estaba contemplada en una iniciativa anterior de Código Penal que no prosperó debido a diferencias ideológicas en el Congreso.
El artículo 328 del proyecto aprobado en el Senado señala que las infracciones contra el patrimonio público prescriben en un máximo de 20 años, de acuerdo a lo establecido en el Código Procesal Penal. Este proyecto detalla los delitos considerados como corrupción, entre los que se incluyen la concusión, el cohecho, el tráfico de influencias, la malversación de fondos públicos, el enriquecimiento ilícito, entre otros. La propuesta define la corrupción como cualquier acto en el que un funcionario obtenga beneficios económicos ilegales aprovechándose de su cargo o mal utilice fondos públicos bajo su responsabilidad.
El proyecto de ley que actualmente está siendo analizado propone penas de hasta 10 años de cárcel para los responsables de actos de corrupción, junto con la inhabilitación temporal para ejercer funciones públicas, dependiendo de la gravedad del delito cometido. Hubo una propuesta previa en el Senado para permitir la imprescriptibilidad de la corrupción, lo que facilitaría la persecución de este tipo de delitos sin límites de tiempo. Sin embargo, esta sugerencia fue rechazada en su momento por considerarse inconstitucional por el Pleno del Senado.
La iniciativa de ley busca establecer medidas para combatir la corrupción y castigar a aquellos funcionarios que se aprovechen de su cargo para obtener beneficios económicos ilegales. Sin embargo, la limitación de 20 años para investigar y perseguir estos delitos ha generado controversia y debate en la sociedad dominicana. Algunos sectores consideran que esta medida limitaría la posibilidad de combatir la corrupción de manera efectiva y de garantizar la rendición de cuentas de los funcionarios públicos.
La prescripción de la corrupción es un tema sensible en República Dominicana, donde los casos de corrupción han sido motivo de escándalos y preocupación en la sociedad. Es fundamental establecer mecanismos efectivos para prevenir, investigar y castigar estos delitos, garantizando la transparencia en la gestión pública y la integridad de las instituciones. La discusión en torno a la prescripción de la corrupción continúa en el país, con diferentes actores debatiendo sobre la necesidad de reformas legislativas para fortalecer la lucha contra este flagelo y promover la transparencia en la gestión pública.
