La Ley 1-24 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) ha generado controversia por vulnerar derechos fundamentales de los ciudadanos, como la libertad de expresión, la intimidad y el honor. Uno de los principales puntos de crítica es un artículo que ordena a todos los dominicanos entregar información privada a la entidad sin la orden de un juez. Además, se ha cuestionado la rapidez con la que fue aprobada la ley por la Cámara de Diputados. Ante las críticas, el Gobierno ha convocado a un diálogo con diversos sectores para explicar la ley, designando al consultor jurídico Antoliano Peralta y al director del DNI, Luis Soto, para organizarlo.
La comisión encargada de discutir la ley se reunió por primera vez el 22 de enero y finalmente llegó a un acuerdo el miércoles pasado. Esto llevó a que el Poder Ejecutivo se comprometiera a presentar modificaciones a diversos artículos de la ley vigente, como el 1, 2, 9, 11 y 26. El proyecto de la DNI ha estado en el Congreso desde el año 2021, cuando fue presentado por el Poder Ejecutivo al Senado y luego asumido por legisladores como Milciades Franjul, Julito Fulcar y Pedro Tineo.
Una de las funciones principales de la ley es transformar el Departamento Nacional de Inteligencia en una Dirección nacional dirigida por el Gobierno. Según el artículo seis de la ley, la DNI será el órgano coordinador del sistema y deberá guiar las actividades de inteligencia y contrainteligencia relacionadas con la seguridad nacional realizadas por organismos militares, policiales y financieros del Estado, de acuerdo al Plan Anual de Inteligencia. Esta transformación busca fortalecer la coordinación y eficacia de las actividades de inteligencia en el país.
La ley también incluye disposiciones para regular el manejo de información clasificada, estableciendo que solo el presidente de la República podrá clasificar documentos y que existirá un Registro Nacional de Información Clasificada. Asimismo, se establecen controles para el acceso y manejo de esta información por parte de funcionarios públicos y se establece la obligación de informar al Congreso sobre las actividades de inteligencia realizadas. Estas medidas buscan garantizar la transparencia y el respeto a los derechos ciudadanos en el marco de las actividades de inteligencia del Estado.
La creación de la DNI representa un avance en la estructuración y regulación de las actividades de inteligencia en la República Dominicana, buscando fortalecer la seguridad nacional y prevenir amenazas internas y externas. Sin embargo, la controversia generada por la ley ha puesto en evidencia la importancia de garantizar un equilibrio entre la eficacia de las actividades de inteligencia y el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos. El diálogo entre el Gobierno y diversos sectores para modificar la ley refleja la necesidad de tomar en cuenta las preocupaciones de la sociedad en la regulación de estas actividades sensibles.
