El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, emitió un decreto reconociendo la persistencia de un "conflicto armado interno" en el país y manteniendo la participación de los militares en actividades de control de la seguridad interna. Esta decisión fue comunicada por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia justo antes de que finalizara el estado de excepción que había sido decretado en enero para tratar de controlar los niveles de inseguridad en el país. Entre las disposiciones del decreto se encuentran la ejecución de operaciones militares para prevenir y erradicar la actividad de grupos armados organizados.
El mandatario también ordenó a la Policía y a las Fuerzas Armadas continuar con el despliegue operacional y táctico necesario para neutralizar los ataques armados, amenazas y riesgos provenientes del crimen organizado, grupos armados organizados o terroristas. Asimismo, se dispuso la coordinación necesaria para establecer una programación presupuestaria plurianual respecto a la seguridad interna, sistemas de inteligencia estratégica y de contrainteligencia, entre otros aspectos relacionados con la seguridad nacional.
La declaración de los centros de privación de libertad como zonas de seguridad fue otra de las medidas tomadas por Noboa, quien considera que estas decisiones permitirán al Gobierno continuar desplegando acciones prioritarias para velar por la seguridad y el bienestar ciudadano. Estas medidas se enmarcan en el contexto de un inicio de año marcado por la violencia en el país, con atentados y acciones violentas de bandas criminales que llevaron al presidente a declarar un "conflicto armado interno".
El estado de excepción fue decretado por Noboa apenas dos meses después de asumir la presidencia, en respuesta a una serie de atentados y acciones violentas de las bandas criminales. La situación se agravó con el asalto armado al canal TC Televisión por un grupo de encapuchados y una serie de motines simultáneos en diferentes cárceles, que resultaron en la fuga de presos y el secuestro de guardias y policías. Estos incidentes se sumaron a las rivalidades entre bandas criminales en las prisiones, que han dejado un alto número de presos asesinados en masacres carcelarias desde 2020.
La violencia carcelaria se ha extendido a las calles, convirtiendo a Ecuador en uno de los países más violentos de América Latina en 2023, con una tasa de 45 homicidios intencionales por cada 100,000 habitantes. Ante esta situación, el Gobierno de Noboa ha reforzado su plan de seguridad, denominado Fénix, con el objetivo de recuperar el control de las prisiones y combatir la actividad de las bandas criminales. Con el decreto emitido por el presidente y las medidas adoptadas en respuesta a la violencia interna, se busca garantizar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos ecuatorianos.
