Se desconoce el monto y si se pagó un acuerdo de cooperación entre el Ministerio de Defensa y la empresa Aurix, cuyo propietario, José Gómez Canaán, tendría la facultad de intervenir en asuntos de Estado, como el intercambio de información de investigaciones en curso. El convenio nunca se ejecutó y fue rescindido, comunicándose la decisión a la empresa mediante acto de alguacil el 10 de septiembre. Aunque se firmó en junio de 2020 durante el gobierno de Danilo Medina, no se supo oficialmente hasta hace poco a través de una revelación hecha por Gómez Canaán al finalizar una conferencia con Mike Pompeo.
El Ministerio de Defensa informó que el acuerdo fue firmado en junio de 2020, pero la administración no lo implementó. La nueva administración descartó la cooperación con la firma y no solicitó la información comprometida, ni llevó a cabo ninguna de las acciones acordadas. Gómez Canaán mencionó su colaboración con la Policía en la captura de un fugitivo, destacando que han logrado más de 80 arrestos. El acuerdo contenía obligaciones como la implementación de un software confidencial y la transferencia de información relevante en caso de investigaciones en curso.
El convenio fue firmado por el entonces ministro de Defensa, Rubén Darío Paulino Sem, y el presidente de Aurix, José Ángel Gómez Canaán, también relacionado con otro escándalo de contrato en el Intrant. Se desconoce si el acuerdo pasó por la Dirección General de Contrataciones Públicas, ya que la institución no ha emitido ninguna respuesta al respecto. El monto y la ejecución del acuerdo siguen siendo desconocidos, así como si se cumplió con las obligaciones estipuladas en el convenio.
La falta de información y transparencia en este caso ha generado dudas y cuestionamientos sobre la gestión de recursos públicos y los acuerdos firmados por el gobierno anterior. La colaboración entre entidades públicas y empresas privadas debe ser transparente y beneficiosa para el interés público, evitando conflictos de interés y posibles casos de corrupción. La intervención de particulares en asuntos de Estado debe ser regulada y supervisada para garantizar la legalidad y la ética en todas las acciones gubernamentales.
Es necesario que las autoridades competentes investiguen a fondo este caso y aclaren las circunstancias en las que se firmó el acuerdo con Aurix, así como si se llegó a pagarse o no. La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales en la gestión de recursos públicos y en las relaciones entre el Estado y empresas privadas. Cualquier irregularidad o mal manejo de fondos debe ser investigado y sancionado de acuerdo con la ley para prevenir futuros casos de corrupción y garantizar la integridad en la administración pública.
Las instituciones responsables deben brindar información clara y detallada sobre este caso, respondiendo a las preguntas y cuestionamientos de la sociedad en general. La falta de transparencia en la firma y ejecución de acuerdos con empresas privadas pone en tela de juicio la gestión gubernamental y la integridad de los funcionarios públicos involucrados. Es necesario fortalecer los mecanismos de control y supervisión para evitar posibles abusos y asegurar que los recursos públicos se utilicen de manera adecuada y en beneficio de la sociedad en su conjunto.
