Manuel Fermín García Cabral, abogado de los implicados en la Operación Calamar Fernando Crisóstomo y José Arturo Ureña, negó que sus representados vayan a ser beneficiados con la contratación de obras públicas futuras por parte del Estado a cambio de información. Desde el inicio de las investigaciones, sus clientes acudieron voluntariamente ante la Procuraduría General de la República para aclarar el alcance de su participación en el caso. Han actuado siempre apegados a la verdad y establecieron un esquema de colaboración con la Procuraduría Especializada para la Persecución de la Corrupción y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público.
El abogado explicó que sus representados no tienen ninguna vinculación con el "Grupo Cat" y que nunca han discutido con la Procuraduría General de la República la posibilidad de un acuerdo de contratación de obras futuras. La devolución íntegra de las ganancias recibidas por concepto de expropiaciones fue una decisión voluntaria de los implicados, reflejada en los acuerdos establecidos con las autoridades. Respecto a la empresa Trossachs Enterprises, desmintió que recibiera pagos del Estado dominicano a través del mecanismo de pago de expropiaciones ascendentes a 7,615 millones de pesos.
Todos los pagos recibidos por Trossachs Enterprises se correspondieron a trabajos de obras de infraestructuras ejecutadas y entregadas a la Oficina de Ingenieros y Supervisores de Obras del Estado. La empresa es una sociedad de responsabilidad limitada conformada en 2014, con la participación de la oficina de abogados Headrick, Rizik, Álvarez y Fernández. García Cabral afirmó que Fernando Crisóstomo y José Arturo Ureña no conocen a Lilly Acevedo Gómez y nunca tuvieron contacto con ella durante sus comparecencias ante la Procuraduría General de la República.
Asimismo, negó que Crisóstomo y Ureña fueran beneficiarios de los pagos derivados del "Programa de financiamiento de contratistas del Estado", que involucró un monto de más de 21,000 millones de pesos, ya que no tuvieron participación en la estructuración o ejecución de dicha operación. Tomaron conocimiento de la misma a través de los medios de comunicación. El abogado enfatizó que sus representados siempre han actuado de manera transparente y colaborativa con las autoridades para esclarecer cualquier duda sobre su participación en el caso. Afirmó que toda la información proporcionada por ellos puede ser corroborada mediante otros medios de prueba.
En resumen, Manuel Fermín García Cabral defendió la integridad y la conducta honesta de sus clientes en el marco de la Operación Calamar. Destacó que no hay ninguna vinculación de los implicados con acuerdos ilegales o contratos irregulares relacionados con obras públicas futuras a cambio de información. Aseguró que la devolución de ganancias por concepto de expropiaciones fue una decisión voluntaria de los afectados y desmintió que Trossachs Enterprises recibiera pagos indebidos del Estado dominicano. Finalmente, reiteró que Fernando Crisóstomo y José Arturo Ureña no tuvieron participación en el Programa de financiamiento de contratistas del Estado y se enteraron de ello a través de los medios de comunicación.
