Una mujer fue condenada a 12 años de prisión por su participación en el tráfico, contrabando y comercialización de armas de fuego de uso militar de alto calibre, enviadas desde Estados Unidos a la República Dominicana. Cynthia Estefany de La Paz Plata de Méndez fue condenada por los jueces del Primer Tribunal Colegiado por sus acciones en perjuicio del Estado dominicano. La investigación demostró que la mujer camuflaba las armas en cargamentos de ropa, alimentos y juguetes para enviarlas desde Estados Unidos.
Durante el juicio, el Ministerio Público demostró que la mujer violó varios artículos de la Ley 631-16, relacionados con el control y regulación de armas, municiones y materiales relacionados. Como resultado, los jueces determinaron que la mujer cumplirá su condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres. En el parqueo de su apartamento, se encontraron once fusiles y seis pistolas de diferentes marcas y modelos, así como cargadores, lo que llevó a su arresto en flagrante delito.
El expediente del caso, llevado a cabo por el procurador fiscal titular Milcíades Guzmán Leonardo, revela que la mujer y otro individuo eran seguidos para confirmar sus actividades ilegales relacionadas con la compra, venta y distribución de armas de fuego de uso militar. El tráfico, contrabando y comercialización de armas de fuego de diferentes calibres y municiones relacionadas fueron investigados para finalmente atrapar a los implicados en flagrante delito.
Esta condena refleja los esfuerzos de las autoridades para combatir el tráfico ilegal de armas de fuego en la República Dominicana. La sentencia de 12 años de prisión enviada a la traficante de armas destaca la seriedad con la que se toman estos delitos en el país. A través de investigaciones exhaustivas y el trabajo coordinado entre el Ministerio Público y los tribunales, se logró llevar ante la justicia a una persona involucrada en actividades criminales peligrosas y perjudiciales para la seguridad nacional.
La importancia de controlar y regular el tráfico de armas de fuego es fundamental para garantizar la seguridad de la población y prevenir la proliferación de la violencia. Este caso representa un paso en la dirección correcta para combatir el tráfico ilegal de armas en el país. La cooperación entre las autoridades y el sistema judicial es crucial para llevar ante la justicia a aquellos que se dedican a actividades ilegales que ponen en peligro la seguridad de la sociedad. Con esta condena, se envía un claro mensaje de que el tráfico ilegal de armas no será tolerado en la República Dominicana.
