El Ministerio Público presentó una acusación formal y solicitó la apertura de juicio en contra de los propietarios de una fábrica de plástico en San Cristóbal, donde ocurrió una explosión el 14 de agosto de 2023. La explosión dejó 38 víctimas mortales, decenas de heridos, nueve edificios destruidos y varias viviendas afectadas. Los imputados son Edward Armando Vidal Garrido, Maribel Sandoval Almánzar, Mercedes Altagracia Vidal y la empresa Vidal Plast SRL, a quienes se les atribuye imprudencia en el manejo de los reglamentos de almacenamiento de plásticos.
Según el Ministerio Público, la explosión fue causada por la torpeza, imprudencia, inadvertencia, negligencia e inobservancia de los reglamentos comerciales, de salud y medioambientales por parte de los acusados. Los hechos ocurrieron en la intersección de las calles Padre Ayala y Francisco J. Peynado, en San Cristóbal, a las 3:10 pm del 14 de agosto de 2023. Se menciona que desde marzo del mismo año se habían observado señales de alerta en la fábrica, cuando una chispa provocó un incidente con un empleado que resultó herido.
Tras el incidente, los bomberos determinaron que la explosión fue causada por el químico Autofina-Luporox A 70S (Peróxido Orgánico 5.2), utilizado en la fabricación de polímeros. Este químico se almacenaba en la fábrica de plástico sin las medidas de seguridad adecuadas, lo que provocó la explosión devastadora en agosto. El Ministerio Público acusa a los propietarios de violar varios artículos del Código Penal, la Ley General de Salud y la Ley de Medioambiente y Recursos Naturales.
El expediente de la acusación está respaldado por 128 elementos de pruebas, entre testimoniales, documentales, periciales y audiovisuales, contra los acusados por la explosión. Estos imputados tienen medidas de coerción por un año, declarados como caso complejo desde septiembre de 2023. Se señala que la imprudencia en el manejo y almacenamiento de químicos peligrosos en un ambiente cerrado llevó a la tragedia que sacudió a la ciudad de San Cristóbal en ese fatídico día.
La acusación se basa en la falta de cumplimiento de los reglamentos de seguridad y medioambientales por parte de los propietarios de la fábrica de plástico, lo que resultó en una tragedia con múltiples víctimas y daños materiales significativos. La explosión dejó una huella imborrable en la comunidad y las autoridades están tomando medidas legales enérgicas contra los responsables. La apertura de juicio busca establecer la responsabilidad de los acusados y llevar justicia a las familias afectadas por este desastre.
