El Ministerio Público está trabajando en la elaboración de la medida de coerción que solicitará contra el ex director del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (Intrant), Hugo Beras, el empresario José Ángel Gómez Canaán (Jochy Gómez) y otros detenidos por el caso de la licitación para la modernización del sistema de semáforos en Santo Domingo. Se informó extraoficialmente que junto a Beras y Gómez Canaán fueron arrestadas otras cinco personas que están en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva esperando la medida de coerción.
El abogado de Gómez Canaán, Hiroito Reyes, denunció que durante el allanamiento a la casa de su cliente no se permitió la entrada de sus defensores. Por otro lado, el periodista Guillermo Gómez declaró que revelará detalladamente el caso por el cual fue arrestado su hijo, responsabilizando al director del DNI, Luis Soto, y a la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso de intentar acusarlo de terrorismo y de buscar jueces para condenarlo.
Laura Acosta, abogada de Beras, expresó que su defendido fue arrestado sin poder hablar con sus abogados y que fueron trasladados a Ciudad Nueva sin poder comunicarse con ellos. Acosta mencionó la importancia de actuar con cordura y destacó que un proceso que comienza de esta manera solo puede llevar a la nulidad absoluta. Además, señaló que no le han mostrado el acta del allanamiento en la que se reportan las pruebas levantadas en el proceso.
Por el momento, las autoridades no han proporcionado información sobre qué buscaban en las instalaciones de la empresa Aurix. La situación de los detenidos sigue siendo incierta mientras se espera la decisión del Ministerio Público con respecto a la medida de coerción que solicitará contra ellos. Es importante mencionar que el caso ha generado controversia y tensiones entre las partes involucradas, incluyendo a los abogados de los detenidos y a familiares de estos.
Los detalles sobre el caso de la licitación para la modernización del sistema de semáforos en Santo Domingo han despertado el interés de la opinión pública, así como el señalamiento de posibles irregularidades y presiones por parte de personas vinculadas al caso. Se espera que en los próximos días se esclarezcan los hechos y se tomen las medidas correspondientes para garantizar la transparencia y la justicia en este caso. La actuación del Ministerio Público en la elaboración de la medida de coerción será fundamental para determinar la responsabilidad de los involucrados en este asunto.
En medio de la incertidumbre y la tensión, tanto los abogados de los detenidos como los familiares de estos han expresado sus preocupaciones y han solicitado un trato justo y equitativo durante el proceso legal. La transparencia y la imparcialidad en las investigaciones serán clave para esclarecer el caso y determinar las responsabilidades de cada uno de los implicados. La expectativa en torno a este caso sigue en aumento mientras se espera la decisión del Ministerio Público y se espera que la justicia prevalezca en este asunto.
