El Ministerio Público ha establecido que la firma del acuerdo de cooperación entre el Ministerio de Defensa (MIDE) y la compañía Aurix S.A.S., propiedad del empresario José Ángel Gómez Canaán, fue un acto oculto y con intenciones maliciosas, ya que no existen registros institucionales que lo respalden. Este acuerdo legitima actividades de captación y seguimiento de información gestionadas por organismos de seguridad nacional, lo cual fue considerado ilegal por el MP. Aurix S.A.S. se presentó como una empresa dedicada a la recopilación y análisis de datos utilizando tecnología avanzada.

A través de este acuerdo, Aurix se comprometió a proveer al MIDE cooperación en el ámbito público y privado en relación con perfiles de entidades físicas o jurídicas que representen un nivel de riesgo en investigaciones, así como a facilitar la cooperación mediante software especializado en detección de riesgos. También acordó recopilar y transferir información relevante sobre estos perfiles. Por su parte, el Ministerio de Defensa se comprometió a coordinar los permisos necesarios para las operaciones de Aurix en el país y a brindar apoyo tecnológico y de seguridad.

Según un oficio emitido por el exministro de Defensa, no se encontraron registros de acuerdos, pagos o cualquier relación con Aurix S.A.S. en comunicaciones de altos mandos militares. La firma de este acuerdo va en contra de disposiciones constitucionales y legales al otorgar facultades propias de instituciones castrenses y de inteligencia a una empresa privada. Esto podría permitir el uso indebido de información privilegiada y clasificada como de seguridad nacional por parte de José Ángel Gómez Canaán.

En el marco del caso "Camaleón", el exdirector del INTRANT, Hugo Beras, autorizó la adjudicación fraudulenta de contratos millonarios a empresas sin las capacidades técnicas requeridas, lo que facilitó el desvío de recursos del Estado. Se le señala como coautor y principal facilitador de la corrupción en el manejo de la red semafórica y el sistema de videovigilancia. Por otro lado, José Ángel Gómez Canaán es el beneficiario de los contratos otorgados de forma irregular.

En resumen, la firma del acuerdo de cooperación entre el Ministerio de Defensa y la empresa Aurix S.A.S., propiedad de José Ángel Gómez Canaán, genera controversia debido a su carácter ilegal y sus posibles implicaciones en el manejo de información sensible. Este acuerdo ha despertado preocupaciones sobre el uso indebido de recursos públicos y la vulneración de la seguridad nacional. Tanto el Ministerio Público como diversos organismos han destacado la falta de transparencia y legalidad en esta acción, y se espera que se tomen medidas para investigar y sancionar cualquier irregularidad que pueda derivarse de esta situación.

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