Una próxima reforma fiscal debe contemplar aspectos como el fortalecimiento de la gestión de las empresas distribuidoras de electricidad, una reingeniería del sector eléctrico que permita mayores inversiones de capital y un ajuste gradual de la tarifa eléctrica. Esto es lo que opinan tanto Antonio Almonte como Pável Isa Contreras, quienes coinciden en la importancia de estos cambios para mejorar la eficiencia del servicio de distribución eléctrica. Almonte destaca la necesidad de identificar grandes inversiones de capital, una gerencia de operaciones libre de influencias políticas y un ajuste gradual de los precios de venta acorde con los costos del servicio.
Esperan que estos aspectos sean considerados en el próximo plan de reformas que encabezará el presidente Luis Abinader, aunque reconocen que las decisiones finales podrían diferir de sus planteamientos. Almonte propone que las propiedades y activos de las empresas distribuidoras de electricidad permanezcan públicas, pero que su operación y mantenimiento sean licitados a empresas privadas especializadas en estas labores. Por su parte, Isa Contreras considera que la transformación de las distribuidoras eléctricas evitaría que el Gobierno siga destinando recursos a subsidiar este sector, fortaleciendo su capacidad de gestión para cobrar adecuadamente y mejorar sus infraestructuras.
Ambos ministros coinciden en la importancia de un ajuste tarifario en el sector eléctrico para reflejar los costos reales de llevar la energía hasta los consumidores. Isa Contreras enfatiza la necesidad de fortalecer el Bono Luz y otros programas de subsidio focalizado para los sectores de menores ingresos, de manera que puedan seguir recibiendo apoyo sin descuidar la sostenibilidad del sistema. Almonte, por su parte, aclara que las variaciones en la tarifa eléctrica no están siendo discutidas actualmente, ya que cualquier decisión en este sentido requeriría un análisis detallado y no está contemplada en el corto plazo.
El ministro de Energía y Minas destaca las limitaciones financieras que enfrentó el primer cuatrienio de la actual gestión debido a la crisis económica derivada de la pandemia, lo que afectó la disponibilidad de recursos para implementar cambios profundos en el sector eléctrico. A pesar de ello, se ha cumplido un 60% de las 103 medidas contempladas en el Pacto Eléctrico, excluyendo el ajuste de la tarifa eléctrica que fue suspendido en medio de la crisis económica. Se espera que con la próxima reforma fiscal se puedan impulsar medidas que fortalezcan la gestión de las empresas distribuidoras y garanticen un servicio eléctrico más eficiente y sostenible a largo plazo.
En resumen, los expertos opinan que una próxima reforma fiscal debe contemplar la reestructuración y fortalecimiento del sector eléctrico, con un enfoque en la gestión eficiente de las empresas distribuidoras, mayores inversiones de capital y un ajuste gradual de la tarifa eléctrica. Aunque hay opiniones divergentes sobre la privatización parcial de la operación de las distribuidoras, se coincide en la importancia de mejorar la capacidad de cobro y la infraestructura del sector para reducir la necesidad de subsidios estatales. Se espera que el próximo plan de reformas liderado por el presidente Abinader tome en cuenta estas propuestas para garantizar un sistema eléctrico más sólido y sostenible en la República Dominicana.
