El 5 de abril, un raso de la Fuerza Aérea de la República Dominicana, Paulino De la Cruz, fue identificado por una menor haitiana como su presunto agresor durante operativos migratorios en La Altagracia. La joven lo reconoció claramente en una rueda de reconocimiento. De la Cruz negó los cargos y aseguró que durante los operativos no se entró a viviendas, aunque otro militar desmintió esta afirmación, sugiriendo la posibilidad de que algunos ingresaran para buscar indocumentados.
El Ministerio Público presentó un documento solicitando medidas coercitivas contra De la Cruz, quien afirmó desconocer el incidente y manifestó a compañeros que nadie tendría "ese corazón" para cometer tal acto. Sin embargo, al mostrar un video a los militares donde la menor lloraba y mencionaba que le habían roto la ropa durante la agresión, todos negaron su participación, incluyendo el acusado. Dos compañeros notaron la tardanza de De la Cruz al concluir el operativo cerca de la residencia de la víctima.
El caso ha generado polémica y conmoción en la sociedad dominicana, especialmente por tratarse de una menor de edad haitiana. La investigación sigue su curso, con testimonios contradictorios de los miembros de la Fuerza Aérea involucrados en el operativo. El Ministerio Público precisó que la menor será entrevistada en cámara Gesell para recabar más información sobre lo sucedido. Se espera que la justicia actúe con contundencia en este delicado caso de violencia de género.
La acusación contra De la Cruz ha puesto en entredicho la actuación de las fuerzas de seguridad durante los operativos migratorios en la República Dominicana. La falta de transparencia y las discrepancias en los testimonios de los militares involucrados arrojan dudas sobre la integridad del procedimiento. Es fundamental garantizar que se respeten los derechos humanos de todas las personas, independientemente de su nacionalidad o estatus migratorio.
La sociedad dominicana ha expresado su repudio ante este tipo de violencia y ha exigido justicia para la joven haitiana afectada. La solidaridad y el apoyo hacia las víctimas de violencia de género son cruciales para erradicar este flagelo en la sociedad. Es necesario implementar medidas efectivas para prevenir y sancionar la violencia sexual, así como para garantizar la protección y el respeto de los derechos de todas las personas, especialmente de los grupos más vulnerables.
El caso de la menor haitiana violada durante un operativo migratorio en La Altagracia es un recordatorio de la importancia de abordar la violencia de género de manera integral, con políticas públicas y acciones concretas que promuevan la igualdad y la protección de los derechos de las mujeres y niñas. La colaboración entre instituciones, la sensibilización de la sociedad y la implementación de medidas preventivas son fundamentales para construir una sociedad más justa y equitativa para todas las personas.
