Andrés Miguel Gutiérrez Díaz recibió una condena de 16 años de cárcel por narcotráfico en Estados Unidos, convirtiéndose así en el primer legislador dominicano en ser sentenciado por este delito. Gutiérrez Díaz fue diputado por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) por la provincia de Santiago en las elecciones de 2020, cargo del que renunció en septiembre de 2023 tras ser apresado en mayo de 2021 en Estados Unidos.
Tras más de dos años de prisión en Estados Unidos, Gutiérrez Díaz fue condenado a 192 meses de prisión (16 años) por el juez Roy K. Altman, en una sentencia que no puede ser apelada debido a un acuerdo con las autoridades. La condena incluye un decomiso de bienes relacionados con los delitos imputados al ex legislador, valorados en $7.5 millones de dólares por ganancias de narcotráfico y $6 millones de dólares por lavado de dinero.
Además del decomiso de los bienes mencionados, la sentencia también incluye la entrega de aproximadamente $369,965.52 dólares mantenidos en una cuenta fiduciaria, provenientes de fondos excedentes de la ejecución hipotecaria de una propiedad inmueble en Miami. Durante el arresto de Gutiérrez Díaz, las autoridades también incautaron varios objetos de valor, incluyendo dos relojes Rolex y una cadena de oro.
En total, las autoridades estadounidenses incautaron cerca de 446,000 dólares y alrededor de RD$18,500,000 en República Dominicana, así como 20 relojes Rolex y una Chevrolet Caravan. La sentencia no puede ser apelada en su totalidad debido al acuerdo al que llegó el ex legislador con las autoridades estadounidenses, que incluye la entrega de los bienes provenientes de los delitos realizados.
La sentencia también establece que Gutiérrez Díaz deberá entregar los bienes provenientes de los delitos, que ascienden a más de siete millones de dólares. Este decomiso de bienes se realizó en relación con los cargos por narcotráfico y lavado de dinero que se le imputaban al ex legislador dominicano. A pesar de que la sentencia no puede ser apelada, Gutiérrez Díaz deberá cumplir con las condiciones establecidas en el acuerdo con las autoridades de Estados Unidos.
