Varios extranjeros de Venezuela fueron condenados a tres meses de prisión preventiva por formar parte de una banda criminal dedicada a la trata de personas y explotación sexual, desarticulada en la operación MC Girasol. Entre los imputados se encuentran Michelle Carolina Gutiérrez Ruiz y Mario Jose May Mendoza, mientras que a Jhorman Derek Cortes Solano se le impuso una garantía económica de 500 mil pesos, impedimento de salida del país y presentación periódica. El Ministerio Público demostró al tribunal la importancia de imponer medidas que aseguren que los imputados no se sustraerán del proceso.
Los arrestos se llevaron a cabo después de que el Ministerio Público rescatara a tres víctimas extranjeras que estaban encerradas y sufriendo maltrato físico y emocional, siendo obligadas a tener relaciones sexuales a cambio de dinero con diferentes clientes contra su voluntad. Además, se descubrió que las víctimas eran obligadas a vender y distribuir drogas a los clientes de la red criminal. El modus operandi de la banda consistía en atraer a las víctimas prometiéndoles trabajo y luego informarles que tenían una deuda que debían pagar brindando servicios sexuales a los clientes.
El Ministerio Público califica la acción como trata de personas con fines de explotación sexual agravada, debido a que se trata de una organización criminal con múltiples víctimas, tipificado y sancionado en la ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas. Las víctimas, así como el Estado dominicano, resultaron perjudicados por esta red criminal. Por decisión del tribunal, Michelle Carolina Gutiérrez Ruiz cumplirá la medida en el Najayo Mujeres y Mario Jose May Mendoza en el CCR-17.
La red criminal operaba bajo la fachada de ofrecer diferentes tipos de trabajo a las víctimas extranjeras, pero una vez en el país, se les informaba de una deuda que debían pagar mediante servicios sexuales a los clientes que lo solicitaran. Las víctimas también eran promocionadas a través de catálogos digitales en WhatsApp. Además de la explotación sexual, las víctimas eran forzadas a distribuir sustancias narcóticas a los clientes de la red. Las investigaciones revelaron que las víctimas sufrían un gran nivel de coerción y explotación.
El Ministerio Público logró demostrar al tribunal la gravedad de los delitos cometidos por esta banda criminal, los cuales incluyen trata de personas con fines de explotación sexual agravada. Las víctimas de nacionalidad extranjera fueron rescatadas tras denunciar su situación de encierro, abuso físico y emocional y explotación sexual. La entidad judicial considera que la red operaba como una organización criminal que cometía múltiples delitos, afectando a las víctimas y al Estado dominicano. Los imputados deberán cumplir con las medidas impuestas por el tribunal en centros penitenciarios específicos.
