El empresario Ramón Emilio Jiménez Collie (Mimilo) y cinco co-imputados fueron excluidos definitivamente del caso "Calamar" después de que el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional homologara los acuerdos realizados por el Ministerio Público con ellos. Jiménez Collie acordó devolver 117 millones de pesos y varias propiedades a cambio de no ser incluido en el expediente y actuar como testigo cooperante. Los acusados principales pasaron a ser informantes del proceso y la juez declaró la inadmisibilidad de los querellantes y actores civiles.
La lectura íntegra de la sentencia se realizará el 20 de septiembre. Mirna Ortiz, coordinadora de litigación de la PEPCA, explicó que se aplicó el criterio de oportunidad en los acuerdos, considerando la colaboración de los investigados. La procuradora de corte se basó en el artículo 370, párrafo 6 del Código Procesal Penal, que permite realizar acuerdos con imputados a cambio de admisión de culpabilidad y colaboración en la investigación del delito. El caso "Mimilo" es criticado por su impacto en la lucha contra la corrupción.
La PEPCA acusó a 34 personas y 13 empresas de estafar al Estado con más de 41 mil millones de pesos a través de contratos simulados y sobornos. La estafa involucra la declaratoria de utilidad pública de terrenos estatales, adquisición de inmuebles y contratos fraudulentos, así como financiamiento ilícito de la campaña política interna del PLD en beneficio de Gonzalo Castillo, Donald Guerrero y José Ramón Peralta. En el proceso de homologación de los acuerdos, no participaron los demás acusados, quienes fueron rechazados por el tribunal.
La decisión del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional de homologar los acuerdos con los imputados excluye a Jiménez Collie y otros cinco procesados del expediente del caso "Calamar". Dichos acuerdos implican la devolución de 117 millones de pesos y propiedades por parte de Jiménez Collie, quien actuará como testigo delator. Los acusados principales pasaron a ser simples informantes del proceso, y la juez también declaró la inadmisibilidad de los querellantes y actores civiles en esta etapa del proceso.
La PEPCA formalizó la acusación contra 34 personas y 13 empresas por estafar al Estado con más de 41 mil millones de pesos a través de contratos simulados y sobornos. El esquema de corrupción involucra la manipulación de terrenos estatales, adquisición de propiedades y contratos fraudulentos, así como financiamiento ilícito de campañas políticas internas. La decisión de excluir a los imputados del caso "Calamar" ha generado críticas en cuanto a su posible impacto en la lucha contra la corrupción y el manejo de la justicia en casos de gran envergadura.
