En el caso de corrupción contra el Estado conocido como Operación Medusa, se determinó que 12 de las 22 empresas imputadas no irán a juicio de fondo. El juez del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dictaminó un auto de no ha lugar a favor de estas empresas, entre las que se encuentran Complementos Er, S.R.L., Procons, S.R.L., y Grupo Acor, S.R.L., entre otras. Por otro lado, las empresas Desarrollo, Individuo y Organización, DIO, S.R.L., Fire Control Systems S.R.L., y José Luis Liriano y Lirtec S.R.L. sí irán a la etapa final del caso. Algunas empresas fueron desglosadas debido a representantes enfermos y se están juzgando por separado.
En cuanto a las personas físicas imputadas, se dictaminó que 17 de ellas irán a juicio de fondo por presuntamente cometer acciones criminales en perjuicio del patrimonio público, incluyendo asociación de malhechores, soborno, desfalco y lavado de activos. El magistrado dictó un auto de no ha lugar a favor de la imputada Sara María Fernández, esposa de José Miguel de Moya, también involucrado en el caso. Más de una veintena de implicados han llegado a acuerdos con el Ministerio Público en el transcurso de los tres años que lleva el caso en los tribunales.
El juez Amauri Martínez excluyó algunos tipos penales, como falsedad en escritura y sabotaje ciberdelitos, por entender que no se configuraban los elementos constitutivos de los mismos. Se mantuvieron las medidas de coerción para Jean Alain Rodríguez, Jonnathan Joel Rodríguez Imbert y Rafael Antonio Mercedes Marte, que incluyen arresto domiciliario, garantía económica y localizadores electrónicos. Además, se acogieron los acuerdos entre el Ministerio Público y 21 personas físicas y empresas involucradas en el caso, quienes llegaron a acuerdos penales y civiles.
El proceso del caso Medusa se ha llevado a cabo en el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, con distintas audiencias para salvaguardar las medidas de instrucción y el derecho de defensa de las partes. Este caso ha implicado a numerosas empresas y personas físicas, siendo uno de los casos de corrupción más destacados en la República Dominicana en los últimos años. Se espera que el juicio de fondo revele más detalles sobre las presuntas acciones criminales cometidas en perjuicio del patrimonio público.
