El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, está preocupado por el aumento de personas fallecidas en supuestos intercambios de disparos con la Policía Nacional en República Dominicana. Durante los primeros ocho meses del año, más de 50 personas han perdido la vida en estas circunstancias. Ulloa ha solicitado a la institución un informe detallado sobre estas muertes y ha señalado que esta práctica es anticonstitucional.
En una carta dirigida al director de la Policía Nacional, Ulloa menciona el caso de un adolescente fallecido en Monte Plata, así como la preocupación por el alto número de ciudadanos que han perdido la vida en enfrentamientos con la Policía en lo que va del año. El Defensor del Pueblo destaca la importancia de investigar estos casos para garantizar que el uso de la fuerza letal por parte de los agentes de policía sea proporcional y se ajuste a la ley.
Ulloa hace referencia al artículo 14 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, que establece la actuación proporcional como principio fundamental. El uso de la fuerza solo será lícito como última opción y deberá obedecer a criterios de oportunidad, congruencia y proporcionalidad. Además, señala que la Dirección de Asuntos Internos tiene la responsabilidad de investigar las inconductas y el uso excesivo de la fuerza por parte de los servidores de la policía.
En virtud del artículo 13 de la Ley 19-01 que crea el Defensor del Pueblo, Ulloa tiene la facultad de vigilar y supervisar la actividad de la administración pública. En su solicitud de informe a la Policía Nacional, el Defensor del Pueblo solicita detalles sobre las medidas tomadas hasta el momento respecto a las muertes ocurridas en actuaciones policiales y persecuciones de personas en conflicto con la ley penal durante 2024.
Ulloa destaca la importancia de que se investiguen los indicios de uso excesivo de la fuerza por parte de los miembros de la Policía y que se garantice que aquellos que hayan actuado con exceso sean sometidos a la acción de la justicia. Reconoce la labor de la Policía Nacional en garantizar la paz y la seguridad de la ciudadanía, pero insiste en que estas acciones deben llevarse a cabo respetando los derechos fundamentales de las personas.
