El ministro de Administración Pública (MAP), Darío Castillo Lugo, envió una comunicación a las principales organizaciones del país relacionadas con la municipalidad, solicitando su colaboración para garantizar el estricto cumplimiento de las obligaciones legales en cuanto a la presentación de las Declaraciones Juradas de Patrimonio (DJP) por parte de los funcionarios públicos municipales, ya sean electos o designados. En la carta dirigida a la Liga Municipal Dominicana (LMD), la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu), la Federación Dominicana de Distritos Municipales (Fedodim), la Asociación Dominicana de Regidores (Asodore) y la Asociación Dominicana de Vocales (Adova), Castillo Lugo resaltó la obligatoriedad de realizar estas declaraciones conforme a las disposiciones constitucionales y legales, especialmente tras la reciente toma de posesión de las nuevas autoridades locales el pasado 24 de abril.
El ministro señaló que los alcaldes, vicealcaldes, directores de distritos municipales, regidores, vocales, tesoreros municipales, directores administrativos y financieros, así como encargados de compras y contrataciones de los cabildos, tienen la obligación de elaborar un inventario detallado y jurado de sus bienes patrimoniales en un plazo de un mes a partir de su toma de posesión. Este mandato está establecido en las leyes 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, y 311-14 sobre Declaraciones Juradas de Patrimonio, junto con su reglamento de aplicación núm. 92-16. Castillo Lugo también mencionó que dichas declaraciones pueden presentarse de forma virtual a través del portal web de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, y destacó que el grado de cumplimiento se monitorea y se refleja en el indicador IGOB 8 del Sistema de Monitoreo de la Administración Pública Municipal (Sismap Municipal).
El ministro también hizo hincapié en que el cumplimiento de estas declaraciones es fundamental para garantizar la transparencia y el acceso a la información pública. Asimismo, advirtió que mediante el decreto 343-22 se instruyó a la Contraloría General de la República (CGR) a no autorizar la inclusión en nómina pública de aquellos funcionarios que no hayan cumplido con el requisito de presentar su Declaración Jurada de Patrimonio correspondiente. Estas disposiciones están en línea con el compromiso del Gobierno en materia de transparencia, cumplimiento del ordenamiento jurídico y combate a la corrupción.
Además, mediante el decreto 343-22 se creó una comisión integrada por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), el Ministerio de Administración Pública (MAP), el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex), la Contraloría General de la República (CGR) y la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo (CJPE) con el objetivo de facilitar a la Cámara de Cuentas la información necesaria para el cumplimiento de la Ley 311-14 que instituye el Sistema Nacional Autorizado y Uniforme de Declaraciones Juradas de Patrimonio de los Funcionarios y Servidores Públicos. Estas medidas buscan fortalecer la transparencia y garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales por parte de los funcionarios públicos municipales.
En resumen, el ministro de Administración Pública Darío Castillo Lugo ha instado a las principales organizaciones relacionadas con la municipalidad en la República Dominicana a colaborar para garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales en cuanto a la presentación de las Declaraciones Juradas de Patrimonio por parte de los funcionarios públicos municipales. Estas declaraciones son obligatorias para alcaldes, regidores, tesoreros municipales, y otros funcionarios, y deben presentarse en un plazo de un mes a partir de su toma de posesión. El cumplimiento de estas obligaciones es monitoreado a través del Sistema de Monitoreo de la Administración Pública Municipal y es fundamental para garantizar la transparencia y el acceso a la información pública.
