El Ministerio de Administración Pública (MAP) ha tomado la decisión de restringir la cantidad de asesores en el gobierno central con el objetivo de racionalizar y transparentar la nómina pública, así como mejorar el gasto de acuerdo con los planes de eficiencia en la gestión pública. Esta medida, establecida en la resolución 184-2024, se basa en diversas leyes como la Estrategia Nacional de Desarrollo, la Orgánica de la Administración Pública, la Función Pública y la Orgánica de Presupuesto para el Sector Público, y la Regulación Salarial del Estado dominicano.
La disposición, vigente desde el 3 de junio de este año, establece que las instituciones del Poder Ejecutivo solo podrán nombrar un número máximo de asesores equivalente al número de viceministerios, subdirecciones generales o nacionales, intendencias, subadministraciones u equivalentes que tenga la institución. Esta medida forma parte del proceso de reforma y modernización de la administración pública conocido como Reformap, que incluye el fortalecimiento del marco normativo y la reestructuración del cuerpo administrativo del Poder Ejecutivo, según lo establecido en el decreto 149-21.
El MAP enfatiza que la conformación de una Administración Pública eficiente, transparente y orientada a resultados es el primer objetivo general de la Ley Estrategia Nacional de Desarrollo. Por lo tanto, es crucial que el aparato público se organice y ejecute acciones basadas en criterios de necesidad, eficiencia, eficacia y economía. Con miras a la elaboración de los presupuestos para el año 2025, los entes y órganos deberán presentar al MAP sus propuestas de modificación a la estructura de cargos, indicando el número de asesores, el funcionario de alto nivel al que se reportará y la escala salarial, antes del 30 de junio de 2024.
En el caso de las instituciones que decidan mantener en nómina, más allá del 31 de diciembre de 2024, a personas que actualmente se desempeñen como asesores por encima de la cantidad máxima establecida, deberán reubicarlos en cargos con funciones sustantivas o transversales específicas y que estén presupuestados de acuerdo con la Ley de Función Pública. Esta medida busca garantizar la eficiencia, transparencia y austeridad en el gasto público, en línea con los compromisos de eficientizar la gestión pública y mejorar la administración del Estado en República Dominicana.
