Varias organizaciones protestaron ayer frente al Congreso Nacional exigiendo la retirada del proyecto de Reforma de Modernización Fiscal. Argumentan que, de ser aprobada, la reforma perjudicaría desproporcionadamente a las clases medias y bajas, con María Teresa Cabrera, presidenta del Frente Amplio, destacando que el 80% de los ingresos fiscales provendrían de estos grupos. Cabrera instó al gobierno a centrarse en gravar a las grandes corporaciones que obtienen ganancias significativas mientras pagan impuestos bajos. José Horacio Rodríguez, del partido Opción Democrática, advirtió que la propuesta aumentaría la pobreza y la desigualdad social, pidiendo una verdadera reforma fiscal en lugar de simplemente un aumento de impuestos. Minou Tavárez Mirabal, fundadora de Opción Democrática, condenó la reforma como una carga injusta para aquellos con menos recursos. La protesta atrajo a cientos de participantes que expresaron su oposición con consignas como "No aceptaremos su reforma criminal".

Fuente: Hoy

La violencia doméstica ha aumentado en el Conurbano, con un promedio de 4.187 denuncias mensuales durante los primeros cinco meses del año. Mujeres afectadas y organizaciones de mujeres han exigido medidas urgentes para abordar esta creciente crisis. El Observatorio Mumalá ha registrado 108 femicidios en lo que va de año, lo que representa un aumento del 18% en comparación con el mismo período del año pasado. Las denuncias de violencia de género han aumentado en un 37% en comparación con el año pasado, lo que subraya la urgencia de abordar esta situación alarmante.

El Observatorio de Femicidios del Defensor del Pueblo de la Nación ha informado que, en la primera mitad de 2021, se cometieron 155 femicidios en Argentina, con un promedio de una mujer asesinada cada 30 horas. Según el informe, el 64% de los femicidas eran parejas o exparejas de las víctimas, lo que resalta la necesidad de abordar la violencia de género desde una perspectiva integral y preventiva. Las organizaciones de mujeres han pedido al gobierno medidas concretas para prevenir la violencia doméstica y proteger a las mujeres en situación de riesgo.

El cambio climático sigue siendo una preocupación mundial, con el informe del IPCC destacando la urgencia de tomar medidas para limitar el calentamiento global. En la Cumbre de la Tierra de la ONU, líderes y activistas han instado a los gobiernos a tomar medidas ambiciosas para reducir las emisiones de carbono y proteger el medio ambiente. Se han presentado propuestas para promover la energía renovable, reducir la deforestación y fomentar prácticas sostenibles en todos los sectores de la economía. La crisis climática es un desafío global que requiere una acción coordinada y decisiva a nivel mundial.

El impacto económico de la pandemia de COVID-19 ha sido devastador para los países en desarrollo, con millones de personas cayendo en la pobreza y la desigualdad aumentando. Organizaciones internacionales como el FMI y el Banco Mundial han instado a los gobiernos a implementar políticas de recuperación inclusivas que aborden las necesidades de los más vulnerables. Se han propuesto medidas como la condonación de deuda, la distribución equitativa de vacunas y el apoyo a los sistemas de salud para garantizar una recuperación sostenible y equitativa. La pandemia ha puesto de relieve la importancia de la solidaridad y la cooperación internacional en tiempos de crisis.

En América Latina, la crisis política en países como Cuba y Venezuela ha generado preocupación por la situación de los derechos humanos y la democracia en la región. Las protestas en Cuba contra el gobierno de Díaz-Canel han llevado a una represión violenta por parte de las autoridades, lo que ha sido condenado por la comunidad internacional. En Venezuela, la represión de la oposición y la falta de libertades democráticas continúan siendo motivo de preocupación, con llamamientos a un diálogo político inclusivo para abordar la crisis en el país. La comunidad internacional ha instado a ambos países a respetar los derechos humanos y fomentar la democracia para garantizar la estabilidad y el bienestar de sus ciudadanos.

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