El economista y exdirector de la DGII, Magín Díaz, ha expresado su opinión sobre la propuesta de reforma tributaria en la República Dominicana, la cual se sitúa entre el 1.5% y el 1.7% del PIB, equivalentes a unos 110,000 y 125,000 millones de pesos. Díaz señala que esta reforma es más moderada que la de 2021, que buscaba recaudar alrededor del 2.5% del PIB, es decir, unos 185,000 millones a precios de 2024. Advierte que, aunque una reforma del 1.5% del PIB podría proporcionar un respiro temporal, no solucionará el problema fiscal del país, ya que se prevé que el Gobierno aumente el gasto en la misma proporción.
El Ministerio de Hacienda ha planteado que los objetivos de la reforma son aumentar el gasto y evitar un crecimiento continuo de la deuda, metas que Díaz considera contrapuestas. Para lograr estos objetivos, el Gobierno debe incrementar el gasto en 110,500 millones anuales adicionales. La reforma se centra en la protección social, la inversión pública y la simplificación del sistema tributario. Sin embargo, el Gobierno ha dejado claro que la reforma del Estado no implica una reducción del tamaño del Estado, lo que sugiere que el gasto público se mantendrá constante.
Entre las modificaciones propuestas se incluye el aumento del Impuesto sobre Activos del 1% al 1.5%, el aumento del Impuesto sobre la Renta (ISR) para personas físicas y una posible reducción del mínimo exento en el ITBIS. También se contemplan nuevos impuestos selectivos para bebidas alcohólicas, vehículos y bebidas azucaradas, así como medidas administrativas como el aumento de retenciones. Díaz enfatiza que la clase media podría ser la más afectada por el aumento del ITBIS, ya que los deciles 4 a 8 tendrían que asumir una mayor carga tributaria.
Uno de los mayores retos en la implementación de la reforma es la eficiencia del sistema de transferencias, como el Siuben, para mitigar el impacto en los sectores más vulnerables. Díaz advierte que más transferencias podrían profundizar el carácter asistencialista del Estado, lo cual requiere una gestión cuidadosa. A pesar de las transferencias destinadas a compensar al 30% o 40% más pobre de la población, la clase media podría ver un aumento en su carga fiscal. Magín Díaz concluye que, aunque la reforma tributaria es un paso necesario, sus efectos a largo plazo aún son inciertos y podrían llevar a una nueva crisis fiscal si no se abordan adecuadamente los problemas subyacentes.
La situación fiscal del país seguirá siendo un tema de discusión, ya que las medidas propuestas buscan principalmente aumentar la recaudación sin reducir el gasto público, lo que podría no ser sostenible a largo plazo. En un plazo de dos a tres años, se prevé que se discuta nuevamente sobre el déficit y la deuda, una tendencia que se ha repetido en las reformas de las últimas dos décadas. A pesar de los esfuerzos por mejorar la situación fiscal, aún existen desafíos en la implementación de la reforma tributaria en la República Dominicana.
