La absolución de Ángel Rondón Rijo y Víctor Díaz Rúa por parte de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) dejó sin sanciones el caso de los sobornos de la constructora Odebrecht en República Dominicana. A pesar de que Odebrecht admitió haber pagado más de 90 millones de dólares en sobornos en el país, los únicos condenados eran Rondón Rijo y Díaz Rúa, este último por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. La empresa solo pagó una parte de la suma acordada con el Estado dominicano, incumpliendo su compromiso.
Víctor Díaz Rúa fue sentenciado a 5 años de reclusión y al pago de 200 salarios mínimos, mientras que Ángel Rondón Rijo recibió una condena de 8 años de reclusión y una multa equivalente a 200 salarios. El abogado Conrado Pittaluga fue absuelto. La Corte de Apelación del Distrito Nacional ratificó estas penas y absolución, pero el caso fue llevado ante la Suprema Corte de Justicia, que decidió absolver a Rondón Rijo y Víctor Díaz Rúa, ordenando la devolución de sus bienes incautados, que incluyen yates, empresas y fincas.
Funcionarios de Odebrecht admitieron haber pagado alrededor de 788 millones de dólares en sobornos en 12 países de América Latina y África, incluyendo República Dominicana. El país se queda sin conocer quiénes fueron los sobornados por la constructora, entre ellos legisladores y funcionarios de los gobiernos de Hipólito Mejía y Leonel Fernández. El caso Odebrecht fue criticado por la forma en que fue manejado por la Procuraduría General de la República y tras cuatro años y cinco meses, concluyó con la absolución de todos los imputados.
El expediente del caso comenzó en 2017 con 14 imputados, incluyendo ex ministros, legisladores y empresarios. A lo largo de los años, la mayoría fue excluida del expediente y otros fueron descargados por la justicia. La pregunta que surge ahora es quién pagará por el tiempo que los declarados no culpables pasaron en los tribunales, incluyendo el tiempo en prisión con medidas de coerción y soportando el descrédito del Ministerio Público. La difusión de las acusaciones y arrestos de los imputados sin tener en cuenta el derecho al honor y la presunción de inocencia es algo que debe ser revisado en futuros casos judiciales en República Dominicana.
