Varios legisladores están teniendo dificultades para presentar sus declaraciones juradas de patrimonio ante la Cámara de Cuentas (CCRD) antes de que venza el plazo. Algunos diputados han criticado las exigencias del órgano fiscalizador como "extralimitadas", argumentando que están fuera de la ley. El diputado Aníbal Díaz del PRM señaló que el sistema es complejo y la CCRD está haciendo requerimientos que van más allá de lo establecido legalmente. Por ejemplo, cuestionó la relevancia de incluir el estado de cuenta de una tarjeta de crédito en la declaración de patrimonio.
Rafael Castillo, vocero del bloque de diputados de Fuerza del Pueblo, también ha expresado su descontento, afirmando que la CCRD rechazó siete veces su expediente en un solo día. Criticó la exigencia de llevar a cabo ciertos trámites notariales incluso para detalles insignificantes, como la compra de un televisor hace diez años. Algunos legisladores dudan de la veracidad de las cifras proporcionadas por la Cámara de Cuentas en cuanto a la cantidad de funcionarios que han presentado sus declaraciones, ya que consideran excesiva la documentación requerida.
Los diputados han denunciado que la documentación solicitada por la Cámara de Cuentas para cumplir con la declaración de patrimonio es exagerada. Entre los requisitos que han sido criticados se encuentran los estados de cuenta de tarjetas de crédito, el escaneo completo de los pasaportes y datos detallados acerca de los familiares. La CCRD ha afirmado que todos los requisitos solicitados para las declaraciones juradas están en línea con la ley y se han mantenido desde 2016.
Según la Ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio, los legisladores tenían hasta el 16 de septiembre para presentar su declaración de patrimonio, ya que asumieron funciones el 16 de agosto. La norma establece que los funcionarios públicos deben presentar la declaración de sus bienes y los de su cónyuge dentro de los 30 días posteriores a su toma de posesión. Los legisladores han expresado su malestar por las exigencias de la Cámara de Cuentas, que consideran innecesariamente detalladas y complicadas.
En medio de la controversia, las quejas de los legisladores continúan y persiste el descontento respecto a las exigencias para presentar las declaraciones juradas de patrimonio. Algunos diputados han puesto en duda la transparencia y la eficacia de este proceso, señalando que las exigencias van más allá de lo necesario y que podrían estar infringiendo la ley en términos de privacidad y protección de datos. En resumen, la situación sigue generando polémica en el ámbito legislativo dominicano, con funcionarios públicos y legisladores enfrentados a la burocracia y las rigurosas normas impuestas por la Cámara de Cuentas.
