Los legisladores respondieron a la solicitud del presidente Luis Abinader de limitar sus exenciones a solo un vehículo, pidiendo la eliminación de privilegios en otros sectores antes de renunciar a este beneficio. En una reunión reciente, Abinader propuso limitar el número de exenciones que los miembros del congreso pueden reclamar. Según la ley actual, tanto diputados como senadores pueden traer hasta dos vehículos al país, sin restricciones en cuanto a marca, tamaño del motor o costo.
Los diputados argumentan que es injusto que se les pida renunciar a sus privilegios sin que se haga lo mismo en otros sectores, como la banca y los grandes empresarios. Afirman que la eliminación de exenciones en otros ámbitos sería más justa y equitativa antes de exigirles a ellos que renuncien a sus beneficios. Sin embargo, Abinader ha dejado claro que es necesario reducir el gasto público y eliminar estos privilegios para los legisladores.
La propuesta de limitar las exenciones de vehículos para los legisladores ha generado controversia en República Dominicana, ya que muchos consideran que es necesario eliminar estos beneficios para reducir los gastos del gobierno. Algunos ciudadanos ven estos privilegios como un derroche de dinero público y una muestra de la desconexión entre los políticos y la realidad de la población. Sin embargo, los legisladores defienden su derecho a estos beneficios, argumentando que les permiten realizar su trabajo de manera más eficiente.
Abinader ha manifestado su compromiso con la transparencia y la reducción del gasto público en República Dominicana, y considera que la eliminación de privilegios para los legisladores es un paso necesario en esa dirección. Ha instado a los diputados a demostrar su compromiso con la austeridad y a renunciar a estos beneficios para dar ejemplo al resto de la sociedad. Sin embargo, la resistencia de los legisladores a renunciar a sus exenciones sugiere que la medida enfrentará oposición en el congreso.
La discusión sobre la limitación de exenciones para los legisladores en República Dominicana es un reflejo de los desafíos que enfrenta el país en términos de transparencia, gasto público y desigualdad social. La polémica en torno a estos beneficios revela las tensiones entre los políticos y la ciudadanía, y la necesidad de reformas para mejorar la eficiencia y la equidad en el sistema político. Queda por verse si los legisladores estarán dispuestos a renunciar a sus privilegios en aras de la austeridad y la justicia social.