Varios sectores sociales en el país han exigido una revisión exhaustiva de los recursos financieros que reciben todos los partidos políticos, con el objetivo de prevenir que delitos como la corrupción o el narcotráfico se filtren en la clase polític. Algunos congresistas consideran que crear una nueva ley para auditar los fondos de los partidos es innecesario, ya que existen normativas actuales, como la Ley 20-23 sobre Régimen Electoral y la Ley 33-18 de Partidos, Movimientos y Agrupaciones Políticas, que detallan cómo deben usarse los fondos y establecen mecanismos de fiscalización.
El vocero del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en el Senado, Yván Lorenzo, ha manifestado que una nueva ley para fiscalizar los recursos partidarios sería redundante, ya que las leyes actuales disponen de un mecanismo para la revisión del dinero. Además, citó el caso del Partido Revolucionario Moderno (PRM), ganador de las últimas elecciones, que no ha entregado informes sobre el uso de los recursos estatales recibidos, lo que consideró una debilidad en la fiscalización de las leyes vigentes.
El diputado Juan Dionicio Restituyo, del partido Frente Amplio, también opina que hay una falta de institucionalidad en el país que provoca que los partidos políticos exijan al Gobierno la entrega de fondos, incluso cuando existen candidatos oficialistas compitiendo en las elecciones. Sostiene que nuevas normativas para fiscalizar el dinero de los partidos restarían responsabilidades al Congreso, que puede fiscalizar el dinero y exigir la aplicación de las leyes en el país.
Por otro lado, el diputado Carlos de Jesús, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), considera que el desembolso de fondos a los partidos se hizo cumpliendo con la Ley 20-23 de Régimen Electoral, la cual establece una revisión del dinero. Asegura que esto garantiza una buena participación democrática y el fortalecimiento de los partidos políticos. En cuanto a la ley, esta habla sobre el uso y manejo de los fondos partidarios en los artículos del 217 al 224, estableciendo los informes de uso de dinero y la fiscalización aplicada por la Junta Central Electoral (JCE). También señala que la Ley 33-18 sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos establece topes de gastos en los partidos y la entrega de informes detallando el uso de recursos recibidos del Gobierno.
En resumen, la discusión sobre la fiscalización de los recursos financieros que reciben los partidos políticos en República Dominicana ha generado opiniones divididas entre los congresistas. Mientras algunos consideran que una nueva ley es innecesaria, otros señalan que existen debilidades en la fiscalización actual y la falta de institucionalidad que podría afectar el uso adecuado de los fondos. La revisión y aplicación de las normativas vigentes sobre el uso de los recursos y la fiscalización de los mismos se presenta como un punto clave en la lucha contra la corrupción y el narcotráfico en la clase política del país.
