La Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que endurece las penas por el delito de tráfico ilícito de migrantes, después de ser sancionado en el Senado. Según el proyecto, una persona podría enfrentar hasta 30 años de prisión si comete tráfico ilícito de un migrante menor de edad, enajenado mental, discapacitado o en condición vulnerable. Se establece que si el traficante es funcionario público, se produce la muerte de los involucrados, o se trata de una banda criminal, la pena podría ser de hasta cinco años de cárcel. También se contempla una pena de cinco años de prisión para quienes creen, alteren, produzcan o falsifiquen documentos de viaje o identidad para facilitar el tráfico ilícito de migrantes.
El proyecto también incluye penas más fuertes para la trata de personas, que sería castigada con hasta 20 años de prisión y una multa de 175 salarios mínimos. Se define la trata de personas como la captación, transporte, traslado, acogida o recepción de personas utilizando amenazas, fuerza o coacción, con el fin de practicar explotación sexual, pornografía, trabajo o servicios forzados. La iniciativa ha sido aprobada en la Cámara de Diputados y ahora pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación, después de haber sido sancionada en dos lecturas consecutivas por el Senado.
La ley vigente, promulgada en 2003, solo dispone de cinco años de prisión para todos los casos de tráfico de migrantes, por lo que con esta modificación se busca endurecer las penas y combatir de manera más efectiva este tipo de delitos. La aprobación de este proyecto de ley es un paso importante en la lucha contra el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas, que son problemas que afectan a muchas personas vulnerables en la sociedad.
La ley también contempla penas para aquellos que creen, alteren, produzcan o falsifiquen documentos de viaje o identidad para facilitar el tráfico ilícito de migrantes. Esto se suma a las penas más fuertes para la trata de personas, que pueden incluir hasta 20 años de prisión y una multa considerable. Con esta modificación, se busca fortalecer la legislación y aumentar las penas para combatir de manera más efectiva estos delitos.
La aprobación de este proyecto de ley es un avance importante en la lucha contra el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas en la República Dominicana. Con penas más duras para los responsables de estos delitos, se espera disuadir a quienes se dedican a estas prácticas ilegales y proteger a las personas vulnerables que son víctimas de ellas. La ley ahora pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación, y se espera que entre en vigor pronto para fortalecer la protección de los derechos de los migrantes y combatir estos delitos de manera más efectiva.
