El presidente Luis Abinader ordenó a la Contraloría General de la República el 6 de julio de 2022, mediante el decreto 343-22, que no se incluya en la nómina pública a los funcionarios del Poder Ejecutivo que no hayan cumplido con el requisito establecido en la Ley 311-14, sobre declaración jurada de bienes. Hasta el momento, la Cámara de Cuentas no ha informado cuántos funcionarios designados y salientes han hecho declaración de sus bienes. La disposición presidencial creó la Comisión para el Cumplimiento de Declaraciones Juradas de Patrimonio de los Funcionarios y Servidores Públicos, presidida por Milagros Ortiz Bosch, encargada de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental.
La comisión tiene la función de que los funcionarios del Gobierno Central presenten sus declaraciones juradas y podrá recomendar al presidente de la República la aplicación de sanciones previstas en la ley contra aquellos que violen esta obligación. También forman parte de la comisión el ministro de Administración Pública, el ministro de Relaciones Exteriores, el contralor General de la República y el consultor Jurídico del Poder Ejecutivo. Según el decreto 343-22, no podrán cobrar sus salarios los funcionarios designados el pasado 16 de agosto y los que fueron reelegidos en el cargo, que no hayan presentado su declaración jurada de bienes en el plazo de 30 días establecido en la Ley 311-14.
La normativa instituye el Sistema Nacional Autorizado y Uniforme de Declaraciones Juradas de Patrimonio de los Funcionarios y Servidores Públicos, establecido en el G. O. No. 10768 del 11 de agosto de 2014. La disposición también abarca a los funcionarios reelectos para un nuevo período y a aquellos que han cesado en sus funciones. El artículo 14 de la Ley 311-14 establece que "el servidor público en funciones que esté obligado a presentar declaración jurada de su patrimonio y no lo haga dentro del plazo establecido en esta ley u omita declarar algún bien, incurrirá en faltas graves o de tercer grado, según sea el caso, previstas en la Ley No. 41-08, de Función Pública".
El objetivo de esta medida es garantizar la transparencia en la gestión pública y prevenir la corrupción, asegurando que los funcionarios cumplan con la obligación de presentar sus declaraciones juradas de bienes. La iniciativa busca promover la integridad y el cumplimiento de la ley entre los servidores públicos, fomentando la rendición de cuentas y la ética en el ejercicio de la función pública. La Comisión para el Cumplimiento de Declaraciones Juradas de Patrimonio de los Funcionarios y Servidores Públicos se encargará de supervisar este proceso y recomendar sanciones en caso de incumplimiento.
El presidente Abinader ha demostrado su compromiso con la transparencia y la lucha contra la corrupción al implementar esta medida que busca garantizar que los funcionarios del Poder Ejecutivo cumplan con la obligación de presentar sus declaraciones juradas de bienes. Esta acción es parte de un esfuerzo más amplio por fortalecer las instituciones y promover la ética en el servicio público, contribuyendo a la construcción de un Estado más justo y transparente. Con la creación de la Comisión para el Cumplimiento de Declaraciones Juradas de Patrimonio, se espera que se fomente una cultura de responsabilidad y cumplimiento de la ley entre los funcionarios públicos, sentando las bases para una gestión gubernamental más íntegra y eficiente.
