El consejo de defensa del exprocurador Jean Alain Rodríguez, principal imputado del caso Medusa, argumenta que las declaraciones de los delatores no tienen validez legal en ningún tribunal, ya que consideran que no constituyen pruebas fehacientes. Los abogados que representan a Rodríguez afirman que, aunque el Código Procesal Penal les permite mentir sin consecuencias, la doctrina internacional reconoce que los imputados no pueden utilizarse como pruebas contra coacusados.

Los abogados de Rodríguez denuncian que la Procuraduría General de la República realizó un acuerdo secreto para negociar la libertad de un exfuncionario a cambio de que mintiera y acusara a otros de manera falsa. Aseguran que el exfuncionario fue presionado para leer un documento preparado por la PGR de manera literal durante una audiencia, con la promesa de obtener beneficios legales como la suspensión de su arresto domiciliario y la reducción de su condena.

La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa presentó al Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional 23 acuerdos con imputados que han admitido su participación en el caso Medusa a cambio de beneficios legales como la suspensión de penas en un juicio de fondo. Hasta el momento, 25 personas han admitido su culpabilidad en los hechos de corrupción involucrados en este expediente, incluyendo a 14 individuos y 11 empresas.

La defensa del imputado Jean Alain Rodríguez ha negado las declaraciones de un acusado que leídas de forma literal parecían incriminatorias. A pesar de que ya hay 25 implicados que han aceptado su culpabilidad en el caso, la defensa de Rodríguez continúa defendiendo su inocencia y argumentando que las pruebas en su contra no son válidas.

Entre los 25 implicados que han admitido su culpabilidad se encuentra Ismael Elías de Jesús de Peña Tactuk, quien formaba parte de las empresas implicadas en el pago de sobornos a las autoridades de la Procuraduría General de la República durante la gestión de Jean Alain Rodríguez. Estos acuerdos con el Ministerio Público han generado controversia en cuanto a su legitimidad y validez como pruebas en el caso Medusa.

A pesar de las declaraciones y acuerdos realizados por los implicados en el caso Medusa, la defensa de Jean Alain Rodríguez sigue argumentando que las declaraciones de los delatores no constituyen evidencia suficiente y que la evidencia en su contra no es válida. El caso continúa generando polémica y alimentando el debate sobre la corrupción y la justicia en la República Dominicana.

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