El proyecto de ley para la creación del Ministerio de Justicia se encuentra actualmente en la lista de propuestas de la Cámara de Diputados y su plazo para ser aprobado vence en cinco meses. A pesar de que parece haber tiempo suficiente para su aprobación, la propuesta está engavetada ya que las comisiones permanentes necesarias para su estudio aún no han sido creadas en la nueva legislatura. La iniciativa para la creación del organismo fue estudiada durante dos años por una comisión de diputados y cuenta con un informe favorable, pero aún no ha sido presentada para su aprobación.
Cuando el proyecto fue introducido por el Poder Ejecutivo, se afirmó que el principal objetivo de la creación del Ministerio de Justicia era reducir la carga de trabajo del Ministerio Público. Sin embargo, la Asociación de Fiscales Dominicanos (Fiscaldom) advirtió que el Ministerio de Justicia no debería tener control sobre el Ministerio Público, argumentando que podría estar dirigido por un funcionario con afiliaciones políticas. Además, se mencionó la posibilidad de que el nuevo Ministerio de Justicia opere las cárceles del país, permitiendo que la Procuraduría General de la República se enfoque en la persecución de delitos.
El proyecto también incluye la creación del Viceministerio de Derechos Humanos, cuya función sería preparar informes internacionales y representar al Estado en conflictos internacionales, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores. El Ministerio de Justicia se encargaría de la planificación, dirección, coordinación y ejecución de atribuciones delegadas por la Constitución y las leyes, incluyendo la representación judicial y extrajudicial del Estado, la coordinación del Sistema Nacional de Derechos Humanos y del Sistema Penitenciario y Correccional.
En el pasado, el Ministerio de Justicia formó parte de la estructura estatal dominicana durante los primeros 120 años de la República, hasta su supresión en 1964. A pesar de que el proyecto ha recibido apoyo de varios sectores relacionados con la justicia, la oposición argumenta que la creación de nuevas entidades sería una violación a la promesa de mejorar el gasto público por parte del gobierno de Luis Abinader. La propuesta también ha sido discutida con representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores y busca fortalecer la coordinación entre distintas instituciones relacionadas con la justicia y los derechos humanos.
