La Cámara de Diputados ha liderado durante dos años jornadas de análisis y estudios de una nueva Ley de Alquileres de Bienes Inmuebles y Desahucios que sustituiría a una antigua norma promulgada en 1955 durante la dictadura de Trujillo. La ley actual solo contiene disposiciones relacionadas al pago de depósitos de alquileres, mientras que el nuevo proyecto incluye disposiciones sobre desalojos por falta de pago, embargos por retraso en las cuotas y gastos legales compartidos. Esta nueva ley, que ya fue aprobada por diputados en una primera lectura, limita los depósitos a dos meses y establece que estos no pueden cubrir gastos legales, debiendo entregarse al Banco Agrícola o al Ministerio de la Vivienda y Edificaciones para su registro.
El proyecto de ley abarca aspectos más amplios que la normativa de 1955, regulando no solo los depósitos y posibles conflictos entre propietarios e inquilinos, sino también obligaciones de propietarios, devolución de depósitos, procedimientos de desalojo, entre otros. Tras dos años de estudio, la revisión del proyecto fue acelerada al final de la pasada legislatura para ser aprobada en primera lectura por la Cámara de Diputados. Ahora, el proyecto está pendiente de revisión en el Senado para su posible promulgación como ley de alquileres de bienes inmuebles y desahucios.
La ley actual, promulgada en 1955 y modificada en 1988, establece que al momento de contratar un alquiler, los inquilinos deben entregar hasta tres meses de renta como depósitos, adelantos o anticipos. El nuevo proyecto limita estos depósitos a dos meses y establece que no pueden cubrir gastos legales. Además, la nueva ley dispone que los contratos de alquiler, donde se registren los depósitos, se depositen en el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones, mientras que la ley anterior no requería este paso.
El nuevo proyecto de ley de alquileres de bienes inmuebles y desahucios abarca aspectos más completos que la normativa de 1955, incluyendo disposiciones sobre obligaciones de propietarios, devolución de depósitos, procedimientos de desalojo, entre otros. Tras ser aprobado en primera lectura por la Cámara de Diputados, el proyecto se encuentra en proceso de revisión en el Senado para su posible promulgación. La revisión del proyecto fue agilizada al final de la pasada legislatura para acelerar su aprobación, después de dos años de estudios y análisis por parte de la Cámara de Diputados.
