La Liga Municipal Dominicana está gastando una cantidad significativa de dinero en el pago de 25 asesores en diferentes áreas, lo que se suma a otras instituciones del Poder Ejecutivo que también destinan grandes sumas de dinero a estas labores. El Ministerio de Administración Pública emitió una resolución que establece un límite en la cantidad de asesores que las instituciones del Poder Ejecutivo pueden nombrar, basado en el número de viceministerios, subdirecciones generales o nacionales, intendencias, subadministraciones o equivalentes que tenga la institución.
La medida del Ministerio de Administración Pública no aplica a la Liga Municipal Dominicana, ya que se considera una institución técnica, de planificación y de asesoría de los ayuntamientos, y descentralizada del Estado. Los sueldos de los asesores de la LMD varían entre RD$50,000 y RD$190,000, y algunos de ellos provienen de la región del Cibao. Entre los asesores nombrados se encuentran dirigentes políticos, abogados, ingenieros, contadores, periodistas y encargados de seguridad, según lo reportado por el periódico Panorama.
El secretario general de la LMD, Víctor D’Aza, no ha dado declaraciones sobre este tema a pesar de los intentos de obtener una reacción por parte de reporteros de El Nacional. Estos nombramientos se suman a cientos realizados por otras instituciones que dependen del Poder Ejecutivo y que también han destinado recursos significativos a la contratación de asesores. Entre las instituciones mencionadas se encuentran los ministerios de Cultura, Interior y Policía, Industria y Comercio, el Gabinete de Política Social y la Dirección de Programas Progresando con Solidaridad.
El Ministerio de Administración Pública ha establecido un límite en la cantidad de nombramientos de asesores en instituciones públicas, indicando que aquellas instituciones que hayan nombrado asesores por encima del límite establecido deben reubicarlos. Esta medida busca controlar el gasto público en estas labores y asegurar que las instituciones cuenten con la cantidad necesaria de personal asesor para llevar a cabo sus funciones de manera eficiente y efectiva. La limitación en los nombramientos de asesores busca garantizar una mejor distribución de los recursos públicos y evitar el uso inadecuado de fondos destinados a la contratación de personal asesor en las instituciones del Estado.
